Quedan apenas cuatro meses para que se celebren las elecciones europeas y toca hacer balance. Revisar lo logrado, pero también las cosas que quedan por hacer. En materia de igualdad son muchas. Entre los asuntos pendientes destaca la revisión de la primera directiva sobre violencia de género. El camino que ha seguido la normativa en los pasillos de Bruselas no ha sido fácil ya que a pesar de que se llegó a un acuerdo el pasado mes de febrero, el Parlamento y el Consejo tendrán que aprobarlo formalmente en abril. Las expectativas son alentadoras aunque Francia y Alemania (ambos países con un gobierno progresistas) dijeran que no a la norma. El motivo que les llevó a tumbarla fue que supuestamente no contaba con una base jurídica para incorporar la violación como tipo penal. De hecho, las negociaciones han encontrado el conflicto en la definición de violación que ha sido uno de los puntos de mayor desacuerdo. Desde el Parlamento se ha defendido durante todo el proceso basarla en la ausencia de consentimiento. Sin embargo, la legislación tradicional de la UE la reduce al supuesto a violencia, amenazas o imposibilidad de la víctima a resistirse, sin tener en cuenta el consentimiento.
Al margen de esto, las representantes de la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop (vicepresidenta de esta comisión y eurodiputada de La Izquierda); Rosa Estarás (Partido Popular Europeo), Lina Gálvez (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) y Soraya Rodríguez (Renew), celebran que por primera vez en casi 70 años de historia, los 27 tienen una norma a escala general sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo. «Es uno de los mayores logros, podemos estar muy orgullosas de haber conseguido algo así», ha señalado Palop, en el desayuno informativo que ha tenido lugar este lunes en Madrid. En esta misma línea, Soraya Rodríguez, ha insistido en que a pesar de saber que iba a generar controversia era necesario que la UE contara con una legislación de este tipo, «es escandaloso que un organismo como este no tuviera una ley específica para regular y castigar la violencia que se ejerce contra las mujeres».
Carteles de manifestantes durante el 8M. / EP
Entre los puntos más importantes de la nueva legislación destaca que se incluye una lista más larga de circunstancias agravantes de los delitos; normas contra la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado; regulación específica para la violencia en internet, incluida la divulgación de material íntimo; mejores procedimientos para la seguridad y salud de las víctimas y hacer más fácil los trámites de recogidas de pruebas y denuncias. El objetivo principal de esta revisión pasa sobre todo por el de proteger a las víctimas y garantizar que estas dispongan de la información necesaria, que puedan participar más eficazmente en un proceso penal y que tengan un acceso más adecuado a las indemnización del autor del delito.
Otro de los flecos pendientes de la directiva es que la violencia de género sea considerada como un «eurodelito», es decir, que adquiera un mayor ámbito delictivo y que se incluya en el Artículo 83(1) junto a otros como el tráfico de drogas, personas, armas, la ciberdelincuencia y el terrorismo. De esta manera, serviría como base jurídica para una directiva europea centrada en las víctimas a partir de lo establecido en el Convenio de Estambul. Además, todos los países tendrían que incluir medidas de prevención en programas educativos, servicio de apoyo a las víctimas, normas para combatir todas las formas de violencia de género, incluida la ejercida contra las personas LGTBIQ+ y disposiciones para garantizar que sea tenida en cuenta a la hora de determinar los derechos de custodia y de visita de los hijos de las víctimas.
Logros conseguidos
Pero además de mirar al futuro, las representantes han echado un ojo a estos últimos cinco años y han repasado las iniciativas a las que han conseguido dar luz verde. Una de ellas ha sido la directiva sobre la trata de seres humanos, para la que se alcanzó un acuerdo provisional el pasado mes de enero. En ella se han incluido como nuevos tipos de explotación el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la gestación subrogada. Todos ellos están penados con cárcel de hasta cinco o diez años si el delito es agravado. También permite que los jueces consideren la difusión no consentida de imágenes o vídeos sexuales como circunstancia agravante a la hora de dictar sentencia.
También han sacado pecho de la directiva sobre igualdad en los consejos de administración, ya que tras diez años de negociaciones, el Parlamento aprobó en 2022 una ley histórica para impulsar la igualdad de género en las cúpulas empresariales e incrementar la presencia de mujeres en los órganos de dirección. De esta manera, se obliga a que el 40% de los puestos de director no ejecutivo o el 33% de todos los puestos de director estén ocupados por personas del género menos representado. Tal y como ha explicado Palop, el objetivo no es establecer cuotas, sino de dar espacio a las mujeres, «hemos estado en segundo plano mucho tiempo y necesitamos que las niñas tengan referentes». En esta misma línea, el Parlamento aprobó en marzo de 2023 nuevas normas de trasparencia salarial, de modo que las empresas tendrán que tomar medidas si su brecha salarial supera el 5% y los Estados tendrán que establecer sanciones.
