Nada más estallar el ‘caso Koldo’, solo tres días después de que el PSOE fuese derrotado en Galicia y obtuviera allí su peor resultado histórico, Pedro Sánchez hizo un ejercicio de relativismo. Preguntado por la reciente debacle en las urnas autonómicas y sus efectos sobre la legislatura, el presidente del Gobierno, de viaje oficial en Rabat (Marruecos), esbozó una sonrisa y contestó el pasado 21 de enero: “Vamos a seguir otros cuatro años más. Fíjese las veces que puede cambiar un ciclo en cuatro años”. En su peor momento político desde que llegó a la Moncloa en 2018, el líder socialista se dispone ahora a intentar cambiarlo de nuevo.
El PSOE y Junts se encuentran muy cerca de desencallar la ley de amnistía, la piedra sobre la que se construyó la investidura de Sánchez y de la que depende su mandato. Sin ella, no habrá en principio Presupuestos Generales del Estado ni apenas leyes que aprobar, porque cada iniciativa del PSOE y el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados depende de los siete escaños del partido de Carles Puigdemont. De forma imprevista, reforzando la tesis de que esta podía ser una legislatura ingobernable y abocada al anticipo electoral, los posconvergentes votaron a finales de enero en contra de la norma, al considerar que el expresident de la Generalitat, investigado por terrorismo dentro del caso de Tsunami Democràtic, no quedaba lo suficientemente blindado.
La tesis de Junts es que este delito debe ser amnistiable, algo que el Gobierno rechaza de plano. Los socialistas defienden que algo así iría en contra del derecho comunitario (el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales es aquí muy claro) y sería sin duda tumbado por el Tribunal Constitucional o la Justicia de la UE. Pero ambas partes se dirigen hacia el entendimiento.
Según fuentes socialistas al tanto de la negociación, que se ha acelerado en los últimos tiempos, el pacto incluirá algún cambio en la ley, pero no la inclusión del terrorismo dentro de la medida de gracia. Ambas partes han cedido, como suele ocurrir en estas situaciones. Pero los socialistas no lo dan todo por hecho. “Ojalá”, señalan. Sobre todo, después de las últimas experiencias con Junts, que llevó al límite la aprobación de los tres primeros decretos ley de la legislatura y no tuvo problemas a la hora de rechazar una amnistía de la que se beneficiarán sus dirigentes, si finalmente, como parece, sale adelante.
Fuentes de Junts, mientras tanto, aseguran que el pacto incluirá enmiendas de la formación independentista que ampliarán el perímetro de los beneficiados por la amnistía. Estas fuentes dan por hecho que el PSOE considerará meramente estos cambios retoques técnicos, pero que servirán a la formación del ‘expresident’ Puigdemont para sostener que ha logrado más réditos que ERC en su negociación con el Gobierno.
Los posconvergentes, a difererencia de los socialistas, no ha convocado este lunes reunión de su comisión ejecutiva, pero esta cita puede producirse de forma telemática en cualquier momento si se cierra el acuerdo. Los colaboradores de Puigdemont lo ven al alcance de la mano, pese a que preservan su contenido hasta que se forje del todo el pacto y se vote esta semana en la comisión de Justicia del Congreso
Signos de optimismo
Ambos lados no paran de transmitir signos de optimismo. El PSOE llegó a contemplar la semana pasada la posibilidad de
volver a prorrogar los plazos de la negociación
, pero finalmente rechazó dar el paso, ni siquiera como gesto de precaución, en un claro síntoma de que confía en un acuerdo inminente. La fecha límite para el pacto es el jueves de esta semana, día en el que Sánchez se encontrará de viaje oficial en Chile y Brasil. El presidente del Gobierno, que considera que los recelos de Junts con la norma tal y como está redactada son excesivos porque ningún independentista llegará a ser condenado por terrorismo, nunca ha parecido albergar ninguna duda. “Va a haber amnistía”, insiste en privado desde hace semanas.
También Puigdemont vaticina pacto. El pasado sábado, durante su discurso ante el Consell de la República, el expresident de la Generalitat habló del inicio de una “nueva etapa”. Frente a las exigencias dentro de su partido para que la futura norma blinde por completo al independentismo ante los jueces, advirtió de que “ninguna ley” acabará con «represión del Estado”, en referencia a actuaciones como la de Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, que investiga por terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira, secretaria general de ERC, dentro de un proceso muy criticado dentro y fuera de España, pero que el Tribunal Supremo respaldó el pasado jueves.
El “oxígeno”
Así que Sánchez, frente a quienes lo tachan de dirigente amortizado e incluso “zombie”, se prepara para mostrar esta semana que continúa vivo y goza de buena salud. “Quién nos iba a decir que la amnistía era un asidero, un salvavidas, que nos iba a dar oxígeno en estas circunstancias”, explican sus colaboradores. Si se alcanza el pacto con Junts sobre la medida de gracia, la siguiente estación serán los Presupuestos Generales del Estado, una iniciativa que en la Moncloa consideran más fácil de sacar adelante. Con ella, el Gobierno ya tendría garantizado, como mínimo, llegar al ecuador de la legislatura.
En el plano más inmediato, sin embargo, la hipotética aprobación de la amnistía permitirá al Ejecutivo recuperar en parte la iniciativa y el relato frente al ‘caso Koldo’, que ha provocado la mayor crisis interna en el PSOE de los últimos años. Con el exministro José Luis Ábalos en el grupo mixto por negarse a entregar el escaño tras la investigación a su ex colaborador Koldo García, por cobro de comisiones en la compra de mascarillas en 2020, los socialistas asisten con enorme nerviosismo a cada nueva revelación. Acabe como acabe la negociación con Junts, temen el impacto electoral, e incluso judicial, que puede traer consigo todo este proceso.
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