Dos de los supuestos cabecillas de la llamada trama Koldo rechazaron las «prácticas deshonestas» y la «corrupción» en sus contratos, en los que incluyeron una extensa y detallada cláusula que veta tajantemente estos comportamientos y que fija un compromiso expreso a favor de la ética comercial y de la legalidad.
En concreto, se trata de Víctor de Aldama y de José Ángel Escorial Senante. El primero es el presidente del Zamora CF y fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por, supuestamente, cobrar comisiones por intermediar en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Soluciones de Gestión SL.
Pese a su inexperiencia en ese sector y a su escasa actividad durante los años previos, dicha compañía se embolsó casi 53 millones de euros por proveer mascarillas al Ministerio de Transportes durante el año 2020, en los peores meses de la pandemia de la Covid-19.
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De hecho, el llamado caso Koldo, que ya investiga un juez de la Audiencia Nacional, recibe ese nombre por Koldo García Izaguirre, asesor del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Por su parte, Escorial Senante firmó aquel acuerdo, que incluía dicha cláusula anticorrupción, como representante de la empresa Soluciones de Gestión SL. Víctor de Aldama lo rubrica en nombre de dos de sus empresas, Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. Según el sumario del llamado caso Koldo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, éstas fueron las mercantiles a través de las cuales Aldama cobró los más de seis millones de euros que se embolsó por intermediar.
Uno de los fragmentos de cláusula de rechazo de la corrupción de dos de los detenidos en uno de sus acuerdos.
Según figura en el acuerdo, tanto Deluxe Fortune como MTM 180 Capital tienen experiencia en el ámbito de la importación/exportación y en los negocios internacionales. Es por ello que Soluciones de Gestión la contrata para traer a España las mascarillas. Y ambas partes se comprometen a evitar las prácticas corruptas de todo tipo durante este proceso.
«El cliente [Soluciones de Gestión SL] lucha activamente contra la corrupción y el fraude, así como contra cualquier otra práctica comercial deshonesta mediante el desarrollo de políticas comerciales responsables. El cliente exige la misma ortodoxia a todos sus colaboradores, cualquiera que sea su relación. El cliente exige la misma ortodoxia a todos sus colaboradores, cualquiera que sea su relación», reza la cláusula del contrato firmado por Escorial Senante y Aldama.
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«En consecuencia, los proveedores [Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL] se comprometen expresamente a no realizar, en la ejecución del presente contrato, ningún pago, préstamo, regalo o promesa de pago, préstamo o regalo, directa o indirectamente, para uso, disfrute o beneficio de ningún funcionario público, empleado gubernamental o agencia de ningún gobierno [ni a] ningún partido político o candidato», reza la cláusula del contrato firmado por Escorial Senante y Aldama.
El compromiso no termina ahí. También consta, expresamente mencionado, la intención de ambas partes de cumplir la legislación, de apostar por «la lucha antifraude», de practicar la due diligence y de rechazar «las prácticas deshonestas». Concretamente, el acuerdo nombra varios delitos, como el blanqueo de capitales o el tráfico de influencias… por los que ahora está investigada la llamada trama Koldo.
El acuerdo prohíbe tajantemente prácticas corruptas.
«Las partes se comprometen a que en la fecha de entrada en vigor del contrato ni ellas ni sus directores, funcionarios o empleados habrán ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida económica o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrán hacerlo en algún momento futuro), relacionada de algún modo con el contrato y que habrán adoptado medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante», añade otro de los apartados del contrato.
«Facilitar información»
No obstante, tal y como señala la querella de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado origen al caso Koldo, el exasesor de Ábalos habría sido el encargado de «facilitar información» a Soluciones de Gestión SL sobre los contratos sanitarios que el Ministerio de Transportes iba a convocar.
Las condiciones en las que se formalizó la adjudicación, a ojos del Ministerio Público, constatan un «evidente concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de Gestión y la Administración pública» para que esa compañía y no otra, fuese la beneficiada.
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«Soluciones de Gestión habría sido seleccionada con anterioridad a las publicaciones oficiales que daban a conocer las necesidades del MITMA [Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana]», sostiene la querella interpuesta por Anticorrupción.
Tercero de los fragmentos de la cláusula anticorrupción firmada por Escorial y por Aldama.
El sumario de la causa también constata la influencia de Koldo en el MITMA. El baracaldés fue nombrado por Ábalos, el 22 de noviembre de 2019, como miembro del Consejo de Administración de la empresa pública Renfe Mercancías SA. Por otro lado, formó parte del Consejo Rector de Puertos del Estado, la compañía pública que otorgó a Soluciones de Gestión SL el mayor contrato, de 20 millones de euros, por proveer mascarillas.
Para el Ministerio Fiscal, «un dato sumamente relevante y revelador del papel de Koldo García» en la supuesta trama corrupta es el «notable» incremento de su patrimonio durante los últimos dos años. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también reveló que Aldama habría cobrado más de 6,7 millones de euros como comisión por su labor de intermediación.
La UCO acusa al presidente del Zamora CF de llevar a cabo una «despatrimonialización de sus bienes» en España, a fin de no pagar a Hacienda los impuestos correspondientes a su abultada comisión, lo que podría constituir un delito fiscal. Para ello, habría diseñado un entramado empresarial en Portugal, donde habría ocultado más de un millón de euros.
