La evolución de la pobreza en tiempos de policrisis. / INFORMACIÓN
La publicación anual de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), genera todos los años numerosas informaciones relacionadas con la evolución de la pobreza en España y en sus territorios. No es para menos porque es el trabajo estadístico de referencia, basado en criterios armonizados para todos los países de la UE, que permite disponer de series comparativas sobre ingresos, cohesión social y desigualdad sobre personas y hogares en Europa.
Son numerosas las noticias que surgen en coincidencia con la difusión de esta encuesta, si bien, se necesita trabajo, rigor y una cierta tranquilidad para llevar a cabo la explotación y análisis de los datos obtenidos, avanzando en estudios longitudinales que nos ayuden a comprender la evolución, los procesos y las tendencias sobre fenómenos tan complejos como los que recoge esta ECV.
Con informes tan repletos de datos y estadísticas como este, surge la duda de cuáles destacar y sobre qué poner el acento, especialmente cuando tenemos que facilitar información comprensible para el conjunto de la sociedad. Hay quien se detiene en la evolución de la población en riesgo de pobreza o exclusión social (conocida como tasa AROPE), otros en la población en riesgo de pobreza o de carencia material y social severa, mientras que resulta muy llamativo también analizar las personas con dificultades económicas de los hogares. En menos ocasiones se profundiza en el indicador de baja intensidad en el empleo porque no acaba de comprenderse correctamente, y suelen pasar más desapercibidas tasas como la desigualdad de ingresos o de pobreza infantil.
Cada uno de estos indicadores tiene una definición metodológica muy precisa que se necesita conocer adecuadamente para saber lo que se está midiendo y qué elementos integra. Naturalmente que no procede en un artículo divulgativo entrar en disquisiciones técnicas o estadísticas fuera de lugar, pero sí que es necesario explicarlo porque los datos necesitan de una adecuada contextualización que, con frecuencia, se omite.
A la vista de todo ello, el análisis preliminar de la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2023 en España ofrece un retrato llamativo y contradictorio al mismo tiempo, encendiendo algunas alarmas que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de articular respuestas sociales efectivas por responsables políticos y técnicos.
A un nivel general, se podría afirmar que el impacto de las sucesivas crisis que han golpeado a la sociedad en los últimos años, y particularmente desde el inicio de la guerra en Ucrania con lo que se denomina como policrisis, está impactando de una manera muy negativa sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Nuestro país sigue teniendo tasas elevadas de pobreza que no se corresponden con su nivel de desarrollo económico. Si bien la recuperación económica está teniendo efectos positivos en el aumento de la renta y en la disminución de las elevadas tasas de desempleo, avanza una desigualdad generacional cada vez mayor que, en el caso de la pobreza infantil, es sumamente preocupante. Un factor positivo es la reducción de la desigualdad de ingresos, que está en mínimos históricos, si bien, por el contrario, aumentan de manera muy llamativa las personas en situación de pobreza severa, que son el grupo de población que con mayor intensidad vive las crisis y atraviesa mayores problemas de privación diaria. También resulta alarmante la creciente brecha territorial que en España existe en términos de pobreza y exclusión social, abriendo escenarios inciertos.
El concepto de policrisis que atravesamos describe un escenario de riesgos dispares pero entrelazados que interactúan entre sí, multiplicando sus efectos sobre la sociedad. Sin habernos recuperado del todo de los impactos de la Gran Recesión, entramos en una pandemia global que generó un «shock» de dimensiones mundiales, para asistir, después, a la guerra de Ucrania, alimentando una situación de crisis encadenadas y sucesivas: energética, alimentaria, en la cadena global de suministros, de inflación, de encarecimiento de materias primas y por supuesto en el marco de una acelerada crisis climática que intensifica sus daños en todo el mundo.
Todo ello está impactando de manera muy especial en personas en situación de carencia material y social severa que, a pesar de todas las medidas desplegadas, han alcanzado el máximo histórico en 15 años, alcanzando al 9 % de la población de España. La composición de este indicador evidencia las dificultades en su vida diaria que sufren estas personas, como consecuencia del escenario de policrisis que atravesamos, pero con una especial incidencia sobre la pobreza infantil, que se eleva hasta el 10,8 % de niños, niñas y adolescentes, alcanzando un récord histórico. Hablamos de 874.000 menores, con un impacto negativo en su desarrollo y sobre su futuro que exige de medidas profundas y efectivas.
Desde la perspectiva de las políticas sociales y sus prioridades, uno de los mayores retos pasa por evitar que las personas y familias más duramente azotadas por las sucesivas crisis que sufrimos en los últimos años, que atraviesan situaciones de carencia material y social severa, acaben sometidos a una espiral de pobreza y vulnerabilidad extrema de la que no puedan salir, viviendo al margen de la sociedad. Hacia estas personas en condiciones de mayor privación deben dirigirse mecanismos de protección social específicos, sacándolas de la cuneta y dándoles un impulso para su incorporación social y laboral como ciudadanos.
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