El fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, ha evitado pronunciarse sobre el ‘caso Koldo’, aunque ha pedido «tranquilidad» para el desarrollo de la investigación que involucra a Koldo García, quien fuera asesor del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la primera legislatura de Pedro Sánchez.
García Ortiz ha admitido que es «consciente de que es imposible» que la investigación sobre una trama como la del ‘caso Koldo’ se desarrolle sin un constante ruido mediático alrededor, aunque es algo, según ha asegurado, que «sería deseable para la Justicia».
Excluyendo dicha petición, García Ortiz, en una entrevista a la Cadena Ser, ha evitado pronunciarse sobre el desarrollo de la investigación y ha expresado que «debemos dejar trabajar al fiscal y al juez y respetar sus decisiones».
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Investigación por terrorismo a Puigdemont
Sin embargo, en la mencionada entrevista, el fiscal general del Estado sí que ha decidido pronunciarse al respecto de la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa penal sobre el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo relacionado con el caso Tsunami, en contra del criterio de la Fiscalía.
«La Fiscalía emitió su dictamen con unas tesis jurídicas que no han sido aceptadas por el Tribunal Supremo. Hay que enmarcarlo dentro de la normalidad absoluta, ni quita un ápice de legitimidad a la Fiscalía planteando estas tesis, ni por supuesto es discutible que el Supremo deba hacer su función y su trabajo. Solo cabe esperar que el camino procesal abierto por el Tribunal Supremo nos lleve hacia adelante», ha indicado.
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Además, preguntado por la posibilidad de que esta decisión del Supremo pueda abrir la puerta a considerar como delito de terrorismo hechos como disturbios callejeros ocasionados por una protesta laboral, García Ortiz ha preferido no hacer «jurídico-ficción» y esperar a «seguir los cauces procesales».
Por último, ha evitado hacer declaraciones sobre si Puigdemont cumple los requisitos para ser amnistiado o sobre las líneas rojas que no deberían ser cruzadas tanto en las negociaciones como en la redacción de la futura ley de amnistía.
