La justicia chilena confirmó en la noche del viernes el hallazgo del cuerpo del exoficial del Ejército venezolano Ronald Ojeda Moreno, quien había sido secuestrado el 21 de febrero en Santiago por cuatro personas que se hicieron pasar por integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI). El fiscal Héctor Barros dijo que el cadáver fue encontrado dentro de una maleta y bajo una capa de cemento en una comuna de Santiago, después de días de intensas pericias. Barros informó a su vez que el deceso del exteniente tuvo lugar entre siete y 10 días atrás. «Es coincidente además con la fecha en que se produjo el secuestro«. El fiscal no precisó la causa de la muerte.
La policía detuvo a un venezolano de 17 años que había entrado a Chile de manera ilegal y debe declarar en las próximas horas. Barros dejó entrever la posibilidad de que formara parte de «una operación compleja vinculada al crimen organizado«.
El caso Ojeda Moreno provocó fuerte impacto en Chile y, particularmente, en un Gobierno como el de Gabriel Boric que desde su asunción ha mantenido una fuerte distancia crítica respecto de Venezuela. El Palacio de la Moneda consideró de inmediato que se estaba frente a un episodio sensible. Ojeda Moreno, quien tenía el estatuto de refugiado político desde 2017, en su carácter de opositor a Nicolás Maduro, había sido capturado bajo circunstancias sorprendentes por un grupo que utilizó uniformes falsos de la PDI. El momento del secuestro fue grabado por las cámaras de seguridad del edificio donde residía el exoficial.
Un excomisario venezolano, Iván Simonovis, asociado al «expresidente encargado» Juan Guaidó, fue el primero en revelar el incidente y apuntar contra Caracas, lo que llevó a Diosdado Cabello, el número dos del madurismo, a vincularlo con la operación.
Venezuela ante la Corte Penal Internacional
El hallazgo del cadáver se conoce cuando la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya desestimó una impugnación de Venezuela al proceso de investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los años de mayor enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Las denuncias están relacionadas con casos de torturas, arrestos sin fundamento y desapariciones forzadas. El proceso comenzó en noviembre de 2021 a instancias de una presentación de Chile junto con Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú.
El Ministerio Público (MP) venezolano rechazó la decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI. El fiscal general Tarek William Saab la acusó de mostrar una “»doble moral» al no investigar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Franja de Gaza. «Hemos conocido que la Sala de Cuestiones Preliminares apenas revisó 20% de la información suministrada ¿Para qué se hace un Estado parte del Estatuto de Roma? ¿Para qué no lean y no tomen en cuenta lo que dices? Es una ofensa al memorando firmado entre la CPI y Venezuela».
Ambas situaciones se conocen en momentos que el proceso electoral venezolano parece estar en un limbo. El Gobierno todavía no ha creado las condiciones para definir el cronograma de las presidenciales previstas para este año. La inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado como abanderada de la oposición ha provocado un nuevo impase de las negociaciones. Maduro propuso este viernes que la comunidad latinoamericana supervise el proceso electoral.