Esté provocado por la escasez de la oferta, la proliferación de viviendas vacacionales o la voracidad de los propietarios –o un poco de todo–, lo cierto es que asomarse al mercado del alquiler de un casa en Canarias provoca vértigo. Esta semana, el Gobierno central aprobó un índice para fijar los precios máximos de los arrendamientos residenciales en España. El Archipiélago no lo va a utilizar, pero la herramienta existe y revela hinchazones en los precios cercanas a lo insano, de hasta el 138%.
La herramienta
Esta semana el Consejo de Ministros habilitó el Sistema Estatal de Referencia del Precio de Alquiler de Vivienda. Esta herramienta fija los precios máximos y mínimos que podrían pedirse por los arrendamiento en los núcleos urbanos del país. Para establecerlos, se conjugan variables tales como la ubicación, la superficie, el estado de conservación o los servicios (ascensor, piscina…), entre otros.
¿Quiénes la usarán?
Para que mantenerse dentro de esos topes sea obligatorio, los ayuntamientos tienen que declarar zonas tensionadas las áreas de la ciudad en las que alquilar una casa sea especialmente complicado. Ninguno de los 88 municipios del Archipiélago se ha dirigido al Gobierno autonómico, que es el que tiene las competencias en la materia y el que debe constatar mediante un informe propio la realidad descrita por el ayuntamiento. De momento, solo Cataluña, con el foco puesto sobre Barcelona, se ha manifestado a favor de su uso.
¿Por qué no usarla?
En lo que respecta al Gobierno de Canarias, puso en marcha el pasado mes de octubre un plan de choque para abordar el problema. Uno de sus pilares es la agilización de la construcción de viviendas. Además, mañana se cumplen dos semanas de la aprobación de un decreto ley de medidas urgentes que va en el mismo sentido. El sector inmobiliario también señala a la escasez de la oferta como origen de la proliferación de alquileres inasumibles para las familias.
Tanto el Ejecutivo regional como la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi) aluden a los problemas que ha traído la limitación de precios. Ambos señalan también a Barcelona, ciudad en la que han sido muchos los propietarios que han preferido retirar del mercado sus viviendas antes que alquilarlas por un precio máximo fijado por la Administración. El Tribunal Constitucional tumbó en 2022 ese intento catalán al que en Madrid se da ahora rango de ley amparando el sistema de fijación de precios en la norma que sobre vivienda aprobó en mayo de 2023.
¿Cómo está el mercado?
La casuística en las Islas es tan amplia como lo es el abanico de características de sus ciudades y pueblos. Un rápido vistazo permite observar, eso sí, rasgos comunes. Por ejemplo, los precios más altos se dan en las dos capitales autonómicas y en aquellos lugares en los que la necesidad de vivienda es más perentoria; por ejemplo, capitales de islas no capitalinas que reciben todos los años un volumen elevado de empleados públicos. Mientras, los diferenciales menos agresivos se observan en El Hierro y La Gomera, pero siempre con precios que se colocan por encima del índice estatal aprobado el pasado martes.
El Sistema Estatal de Referencia del Precio de Alquiler de Vivienda confirma lo que a priori podría esperarse: alquilar una casa cerca de la playa de Las Canteras es muy caro. Un cuarto piso de 70 metros cuadrados, amueblado, no en primera línea de playa y sin garaje se comercializa en un conocido portal inmobiliario por 1.600 euros al mes. ¿Qué dice al respecto el mecanismo aprobado por Madrid? Que no deberían pagarse más de 877 euros, con lo que la diferencia entre la herramienta puesta en marcha por el Ministerio de Vivienda y la realidad es del 121,4%.
No por esperados los números alarman en escasa medida, pero sí lo hacen menos que aquellos casos en los que el inflado es menos explicable. Barrio de San Cristóbal, junto a la Ciudad de la Justicia, 103 metros cuadrados, cuatro habitaciones en una segunda planta, con ascensor y sin garaje: 1.300 euros al mes. Diferencia con el máximo que debería aplicarse: 754 euros, un 138%.
En la capital tinerfeña tampoco es sencillo hacer frente a los arrendamientos, pero se observa una presión menor. Desde sobreprecios –siempre en comparación con el máximo del sistema estatal– del 7% en La Salle hasta el 39% en el centro de la ciudad, pasando por el 23,5% en Las Indias (sur del barrio de La Salud). La presencia de una playa urbana de grandes dimensiones se convierte en este caso en un regalo envenenado para la capital grancanaria.
Por ese orden y todas ellas superando el 80% de diferencia sobre los máximos recomendados. En las tres se detecta además el mismo problema: son el centro administrativo, concentran a buena parte de la población de dichas islas, reciben cada año nuevos contingentes de sanitarios y, sobre todo, docentes, y la oferta se estrecha en la medida en que prolifera el alquiler vacacional. Ni fue sano el ritmo de construcción que desembocó en el estallido de la burbuja inmobiliaria en la primera década del siglo, ni lo es mantener las herramientas guardadas largo tiempo.
45 metros cuadrados y dos habitaciones suponen 750 euros mensuales en la capital palmera (87,5% más del máximo recomendado por Madrid); 46 metros cuadrados y una habitación, idéntica cantidad en la lanzaroteña (86,5% más), y 75 metros cuadrados y dos habitaciones en una segunda planta interior en la majorera, 850 euros (86,7% más).
Valverde y San Sebastián de La Gomera
La demanda de vivienda es menos intensa en las dos capitales de las islas más occidentales y eso se refleja también en los precios. ¿Se ajustan a lo que dice el sistema? Ni mucho menos, también en este caso los arrendatarios pagan sobreprecios que se mueven de manera general en una horquilla de entre el 25% y casi el 40%. Ningún rincón escapa a la carestía inmobiliaria.
:format(webp)/viapais.com.ar/resizer/nq2WWU0XU6TLFofnJ4ItOgLCkFs=/arc-anglerfish-arc2-prod-grupoclarin/public/AW2BYQWOU5FITP6ZBWDAK3BHZQ.png "Llaryora ratificó su apoyo a Milei, pero advirtió por la falta de empleo y el cierre de empresas")
