Casi la mitad del dinero que el Servicio Canario de Salud (SCS) gastó durante la pandemia para la compra de mascarillas, test de antígenos y otros materiales sanitarios de protección se encuentra bajo la lupa de la Justicia. En concreto, el 47% de los 81,9 millones de euros que se invirtieron en compras de este tipo en 2020 «están siendo discutidos en diferentes procedimientos judiciales», aseveró este viernes el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, que exigió explicaciones «más contundentes y transparentes» al PSOE sobre los procedimientos para las adquisiciones de material sanitario, por parte del Servicio Canario de Salud en el anterior Gobierno.
El Gobierno de Canarias durante la pandemia estaba dirigido por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El expresidente socialista defiende, no obstante, la gestión de su Ejecutivo en ese periodo de incertidumbre y está dispuesto a dar la cara en todo momento, como en el Parlamento de Canarias donde CC y PP ya han pedido una comisión de investigación.
En concreto, de los 81,9 millones de euros que el SCS concentró en contratos con 16 empresas en 2020, 39,3 millones están siendo investigados por la Justicia. Se refiere el portavoz del Gobierno a los tres casos que han salpicado al Archipiélago: el caso mascarillas, el caso Koldo y el caso Damco. Todos relacionados con contratación pública de suministro de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.
Portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. / LP / DLP
Informe de la Audiencia de Cuentas
Cabello se basa en el borrador del informe de la Audiencia de Cuentas que nunca llegó a aprobar el pleno del órgano fiscalizador en la legislatura pasada por los votos en contra de los tres consejeros del PSOE y NC -partidos que conformaban el anterior Gobierno del pacto de las flores, junto a Podemos y ASG-, frente a los dos votos del PP y CC.
En cualquier caso, ese preinforme se remitió al Tribunal de Cuentas, que el pasado mes de diciembre lo archivó, de forma provisional, porque, pese a reconocer el daño a las arcas públicas de cuatro millones de euros en el caso mascarillas, en concreto, constaba como acreditado que se había iniciado por parte del Servicio Canario de Salud el procedimiento tendente a la recuperación del dinero. Con todo, la causa penal sigue abierta en la Fiscalía Europea, que reclamó la competencia por el uso de fondos europeos.
En este primer caso el Servicio Canario de Salud pagó cuatro millones de euros por adelantado a una empresa llamada RR7 United SL, y que se dedicaba a la compra y venta de vehículos, para la adquisición de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a ser entregadas.
Trama desde Madrid
El Gobierno canario ha recuperado este borrador de informe del órgano fiscalizador para analizar los datos que contenía sobre la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., vinculada al exasesor y hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. De todo lo que facturó la empresa con las administraciones públicas en 2020, una cuarta parte -cerca de un 25%- fue en Canarias, 12,2 millones de euros de los 52 millones que ingresaron los implicados en la trama que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por cobro de comisiones.
En ese momento, el SCS estaba dirigido en funciones por Antonio Olivera, que ocupaba también el cargo de viceconsejero de la Presidencia y es en la actualidad jefe de gabinete de Torres en el ministerio, y el consejero de Sanidad en funciones, por el cese de Teresa Cruz, era Julio Pérez. En el caso Koldo se indagan los encargos millonarios que distintas instituciones gobernadas por el PSOE -entre ellas el SCS y, por extensión, el anterior Ejecutivo canario, el del pacto de las flores,- le hicieron a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.
La red usada por Koldo García, a través de los contactos e influencia de los que disponía como cargo de máxima confianza de Ábalos, se dedicaba supuestamente a cobrar comisiones por la venta de mascarillas durante los meses más duros de la pandemia mediante contratos con administraciones públicas que alcanzaron los 50 millones de euros.
Pese a que el PSOE le pidió a José Luis Ábalos que devolviera el acta de diputado por este asunto, el exministro decidió pasarse al Grupo Mixto, una rebelión que nadie se hubiera imaginado del que fuera número dos del PSOE, exsecretario de Organización y exministro de Transportes que llegó a convertirse en el ministro más sensible con los asuntos de Canarias. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno apunta que Ábalos actuó como «intermediario» de la trama de Koldo García Izaguirre. Aquí puedes encontrar más información sobre la presunta implicación del exministro Ábalos en la trama.
Delito fiscal
Para cubrir esa cuota de que casi el 50% de los fondos empleados por el SCS para la compra de material están investigados por la Justicia se une a los dos casos anteriores una nueva trama, el caso Damco.
Las entidades Damco Trading Services y Tanoja Services fueron adjudicatarias en 2020 y 2021 por el SCS (siendo directores Antonio Olivera, Alberto Pazos y Conrado Domínguez) para suministrar mascarillas, test y otros materiales sanitarios a los hospitales. Las empresas, con Noel Jammal como administrador único, facturaron 22,9 millones en los dos años. Una parte de las cantidades, casi siete millones, fue transferida a Tabaiba Capital, con el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, como administrador único, por su labor de intermediación. Este, a su vez, subcontrató a B&M Sport Marketing, dirigida por el presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, para que realizara estas gestiones y el control de los materiales que llegaban por otros 1,7 millones de euros. Bravo de Laguna, al no tener personal, encomendó esta tarea a un colaborador de su partido, Christian Cerpa, por 581.832 euros. En este caso solo se investigan delitos fiscales.
Ante este panorama, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, reclama explicaciones «contundentes» de los gestores anteriores, en relación al PSOE y, en concreto, a Ángel Víctor Torres. Insiste en la necesidad de «arrojar muchísima transparencia» por parte del Gobierno de Canarias, que tiene «toda la voluntad de hacer ese ejercicio», asegura.
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