Canarias no ha logrado recuperar ni un euro de los cuatro millones que se esfumaron en el conocido caso mascarillas. La Consejería de Hacienda, que dirige Matilde Asián (PP), certificó este viernes que aunque desde el Gobierno canario se está intentando recobrar el dinero que se pagó a la empresa RR7 United por la compra de un millón de mascarillas que nunca llegaron durante la pandemia, el proceso para resarcir a las arcas públicas sigue abierto, pero hasta ahora no se ha podido recuperar «nada», extremo que refrendó el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello.
Este caso está en manos de la Fiscalía Europea por utilizar fondos de la UE, pero mientras tanto el Gobierno está intentando recuperar el dinero. Según el expresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que gobernaba en Canarias entonces, el Ejecutivo regional ya ha recuperado parte de los cuatro millones que se pagaron por adelantado en el primer caso mascarillas, sin especificar cuánto. En un encuentro informativo en Madrid el pasado jueves explicó que en reiteradas ocasiones se requirió a los responsables de la empresa para que devolvieran el dinero sin respuesta, y se iniciaron trámites de embargo.
El informe de la Agencia Tributaria Canaria sobre este proceso sostiene que desde marzo de 2022 se realizaron los primeros embargos a las cuentas corrientes con el resultado negativo porque las cuentas habían sido canceladas en enero de 2021. Los embargos de créditos, actuación posterior, fueron también con resultado negativo. Se realizaron 13 intentos de embargo de créditos. La consulta a los Registros de la Propiedad dio resultado negativo (no constan inmuebles a nombre de la entidad deudora). En la consulta a la Dirección General de Tráfico, relativa a los vehículos a embargar, se informó de que la entidad es titular de dos vehículos, uno con una antigüedad de más de diez años y cuya enajenación resultaría antieconómica, y otro de alta gama que tiene embargos y precintos.
La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián / CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS
Más averiguaciones
El referido informe de la Agencia Tributaria Canaria indica que dado el resultado negativo de las actuaciones ordinarias de embargo realizadas, la Dependencia de Investigación Patrimonial inició otra averiguación del destino de los fondos satisfechos por el Servicio Canario de la Salud a la entidad deudora, a fin de apreciar si pudieran concurrir los supuestos de derivación de responsabilidad solidaria, esto es, a las personas «que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos de obligado pago».
Por otro lado, una vez analizada la información recibida de la entidad financiera sobre la cuenta de la entidad a la que el SCS libró los fondos y, en particular, las salidas de dinero de la misma (la cuenta constaba vaciada desde dos años antes, es decir, desde 2021), se abrieron cuatro procedimientos para determinar la responsabilidad solidaria, tanto de personas físicas como jurídicas que habían causado o colaborado en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago, con la finalidad de impedir la actuación de la Administración. Dichos procedimientos se realizaron por un total de 1.325.233 euros.
A efectos de asegurar las responsabilidades económicas que pudieran derivar de estos expedientes de derivación, se acordaron medidas cautelares consistentes en el embargo preventivo de los bienes inmuebles, de naturaleza urbana (tres viviendas y una plaza de garaje) y de naturaleza rústica. Dichos embargos preventivos se han convertido en definitivos pudiendo proceder, en su caso, a su enajenación mediante subasta. Por tanto, las deudas derivadas de los procesos de responsabilidad iniciados se encuentran en fase de embargo, por lo que los procedimientos de apremio no han concluido.
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