La Comisión de Venecia ha dado a conocer este viernes el borrador de su dictamen sobre la ley de amnistía, en el que apenas pone ninguna objeción a la iniciativa. El organismo, que depende del Consejo de Europa y está formado por expertos independientes en derecho constitucional, viene a validar la norma, que en estos momentos siguen negociando el PSOE y Junts, al considerar que no afecta a la separación de poderes, como asegura el PP, y tampoco va en contra de los requisitos internacionales de este tipo de iniciativas.
El informe supone el final de un proceso que se inició en diciembre, cuando la Comisión de Venecia aceptó la petición del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, de analizar la norma. El partido de Alberto Núñez Feijóo tenía altas expectativas depositadas en un fallo crítico con la ley, pero el informe se dirige en sentido contrario.
El documento establece una serie de criterios sobre los que basar la legalidad de una amnistía: del respeto al derecho internacional a la seguridad jurídica a la hora de definir claramente los actos amnistiados y las excepciones, pasando por una tramitación que permita debate y participación. Y concluye que la norma, que todavía no ha sido aprobada, cumple con ellos, si bien afea que haya sido tramitada por la vía de urgencia.
“Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación. Y además cumple con los estándares internacionales. Es impecable y es positiva”, ha celebrado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Sin embargo, la Comisión de Venecia evita entrar en dos materias fundamentales. Por un lado, la conveniencia política y los objetivos de la ley, porque el organismo considera que eso compete al Parlamento. Por otro, su constitucionalidad, un extremo en el que se remite al Tribunal Constitucional.
Las recomendaciones
La Comisión de Venecia también establece una serie de recomendaciones. Por ejemplo, que la exclusión de los delitos de terrorismo no dependa de la existencia de sentencia firme, algo que según los socialistas ya ha quedado claro durante la tramitación parlamentaria, aunque Junts continúa presionando para que estos delitos entren dentro de la medida de gracia. El PSOE tiene ahora un nuevo argumento para continuar rechazando este enfoque. El informe también alerta contra la posibilidad de que los jueces comparezcan ante las comisiones de investigación, como defiende el independentismo catalán, pero el Gobierno asegura que algo así no ocurrirá.
El informe, por último, lanza dos objeciones: subraya que la ley se ha tramitado por la vía de urgencia, que acorta los plazos y alcance del debate emn el Parlamento, y también toma nota de la “división” que la medida de gracia ha provocado.
“El proyecto de ley de amnistía ha provocado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España. La Comisión anima a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y a considerar la posibilidad de explorar procedimientos de justicia restaurativa”, concluye el informe.
