Saba Aparcamientos interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado para solicitar la aplicación de medidas cautelares para evitar la orden de cierre que tiene sobre el parquin de la calle León y Castillo, número 53, de Las Palmas de Gran Canaria, por el ruido que provoca el rozamiento de los coches sobre el asfalto en dos viviendas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pidió a la empresa el pasado 26 de febrero el cese de actividad si en dos días no se subsanaban las deficiencias. La resolución 7948/2024, emitida por el Servicio de Edificación y Actividades, dependiente de Urbanismo, podía ser recurrida; tal y como ha ocurrido.
En la resolución se indicaba que las medidas correctoras realizadas por la empresa para subsanar los problemas tras las quejas vecinales y abrirse el expediente en Urbanismo «no habían surtido el efecto deseado» por lo que la actividad debía paralizarse hasta que no desaparecieran los ruidos o se redujeran de manera notoria.
824 plazas
El parquin público, que cuenta con 824 plazas de las cuales 331 pertenecen a una comunidad de propietarios, permanecía este viernes abierto, aunque advertía con carteles a los conductores circular a una velocidad máxima de 10 kilómetros/hora dentro del recinto para evitar molestias. «Rogamos respetar esta velocidad para no generar ruidos y molestias a los vecinos», se indicaba. Este periódico trató de hablar con los gestores del parquin sin éxito tras la publicación el pasado miércoles de la noticia.
El expediente sancionador se inició en 2022. El Ayuntamiento ya advirtió que se debían de hacer correcciones, algo que realizó la empresa, pero que al parecer no surtieron efecto. Así lo indicó la Policía Local al acudir en junio de 2023 a las viviendas afectadas. Según el informe, se percibía «la rodadura de vehículos, así como el sonido de algún claxon».
Sonometrías desestimadas
La empresa presentó dos sonometrías alegando que los ruidos entraban dentro de la normativa del establecimiento, catalogado como industrial y almacén. Los informes fueron desestimados al entender que el ruido se había medido fuera de las viviendas afectadas y no dentro de ellas, donde persistían las molestias.
En un boletín informativo dirigido a la comunidad de propietarios, el administrador de la finca explicaba que a mediados de febrero se encontraban a la espera de que los técnicos del Ayuntamiento comprobarán las medidas correctoras realizadas por la empresa para resolver el expediente, tal y como se habían comprometido desde el Servicio de Edificación tras una reunión. Asimismo, se informó de que había una nueva denuncia y de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había abierto un nuevo expediente administrativo. «La sorpresa ha sido que, sin que conste la existencia del informe que el Ayuntamiento se comprometió a realizar y apoyándose nuevamente en los informes policiales que no van acompañados de ninguna prueba técnica de medición del nivel de ruido, haya resuelto el expediente con la orden de paralización de la actividad», manifiesta.
