En el expediente que se envió desde Baleares a la Unión Europea, para que se hiciera cargo del pago de la factura de 3,7 millones de euros por la compra de las mascarillas que fueron rechazadas porque no servían para proteger al personal sanitario, no existe la más mínima mención al estudio técnico que cuestionaba la calidad del material. Sin embargo, sí se incluyó el polémico certificado que firmó, tres meses después de recibirse el resultado del estudio de las tapabocas, en el que se mostraba la satisfacción del Govern balear por el tipo de material que se había recibido de la empresa de la trama Koldo. Este documento está fechado en el mes de octubre del año 2020 y se redacta, como mínimo, dos meses después de que el Ib Salut ya tuviera conocimiento de que las mascarillas, por las que se abonaron 3,7 millones de euros, no se podían utilizar. De hecho, el material fue retirado y se depositó en un almacén. En estos momentos es un material caducado.