El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contiene las claves sobre las contrataciones opacas realizadas por el Servicio Canario de Salud con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, exasesor del exministro Ábalos. Es la ramificación canaria de la investigación del ‘caso Koldo’.
¿Cómo contacta el SCS con Soluciones de Gestión?
La Guardia Civil, tal como se expone en el informe de su Unidad Central Operativa (UCO), no ha podido saber, por la información suministrada por el propio Servicio Canario de la Salud (SCS), ni cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato -o más bien los contratos-, ni cuál es la razón por la que se decidió adjudicar el suministro del material sanitario a la empresa vinculada a Koldo García, el exasesor del ministro José Luis Ábalos, ni siquiera «cómo» o «de qué manera» se tuvo conocimiento de que la empresa en cuestión era proveedora de mascarillas.
¿Hubo incumplimientos en el suministro?
El SCS, entonces dirigido por Antonio Olivera, que era el viceconsejero de la Presidencia y que hoy es jefe de gabinete del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que a la postre presidía el Gobierno de Canarias durante la gestión de la pandemia, hizo un primer encargo a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la firma vinculada al exasesor de Ábalos, de un total de 2,75 millones de mascarillas a un coste de 2,5 euros la unidad, con lo que la suministradora se embolsaría 6.875.000 euros. Las mascarillas llegaron, pero 837.800 «no eran aptas para su uso sanitario como FFP2». En una posterior adjudicación también ocurrió algo similar y parte del material era «no apto».
¿Por qué no se rescindió el contrato?
Un lugar de rescindir el contrato con la empresa vinculada al exasesor de Ábalos una vez se constató que la primera entrega de mascarillas no fue del todo correcta, el SCS optó por llegar a un acuerdo con Soluciones de Gestión, quedarse con los tapabocas que no había pedido inicialmente y completar el encargo, hasta el precio acordado inicialmente, con un lote de las mascarillas que sí se habían encargado. Luego, ‘a posteriori’, se buscó la manera de encajar en términos contractuales los cambios causados por el incumplimiento del pedido original.
El encargo inicial y la elección de la empresa, en el informe de la UCO. / GC
El encargo inicial
En la página tres del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se explica cómo el Servicio Canario de la Salud (SCS) hizo un primer encargo de 2,75 millones de mascarillas tipo FFP2 a la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a Koldo García, por un montante de 6,875 millones de euros.
¿Por qué se elige esa empresa?
«La documentación aportada no aclara cómo se pactaron las condiciones de adjudicación, no se han aportado comunicaciones […] que puedan justificar la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra, ni tampoco de qué manera se tuvo conocimiento de que esa empresa era proveedora de mascarillas».
Baile de fechas en las entregas y justificación contractual amañada, recogidos en el informe de la UCO. / G.C.
No constan las entregas en tiempo y forma
En la página seis del informe de la Benemérita se deja constancia del baile entre las fechas en que debían llegar las mascarillas y las fechas en que realmente llegaban. Incluso se autorizó un pago de casi 4,8 millones sobre la base de dos facturas fechadas en mayo, un mes antes del acuerdo de adjudicación.
Justificación contractual ‘a posteriori’
En la página ocho se explica que «Soluciones entregó las mascarillas en base al pedido realizado por el SCS, que una partida salió defectuosa y hubo que negociar nuevos importes más baratos, y que posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura a esas entregas de material realizadas previamente».
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