China facilita ahora los créditos a su sector inmobiliario que le había escatimado años atrás. Un paquete de 200.000 millones de yuanes, casi 26.000 millones de euros, ha sido aprobado para salvar los muebles de las promotoras cuando se amontonan los procesos de liquidación. La medida ha sido anunciada por el Ministerio de Vivienda y pretende darle algo de aire a las endeudadas inmobiliarias para que, al menos, terminen las casas apalabradas y se aleje el riesgo de las protestas sociales que atemorizan a Pekín.
La orden contempla unos 6.000 proyectos susceptibles de recibir el auxilio de la banca comercial tras las negociaciones coordinadas por los gobiernos locales. No es inédito el movimiento pero sí el más cuantioso: multiplica por siete la cifra aprobada por última vez. Y llega tras la segunda reunión en apenas 10 días del organismo que supervisa el sector, lo que da la medida de la urgencia y la gravedad.
El valor de la vivienda nueva cayó el mes pasado un 60% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de las 100 mayores promotoras. La compra de viviendas se ha derrumbado por el comprensible miedo a que nunca trasciendan del plano. Existen una veintena de millones no completadas, según algunas estimaciones. Otras hablan de 1.200 promociones por un valor de unos 604.000 millones de yuanes (77.712 millones de euros).
El sector sufre un goteo de noticias inquietantes. Hoy aseguraba la agencia Reuters que Deutsche Bank está a punto de solicitar la liquidación de otra promotora, Shimao, ante un tribunal hongkonés. Han sido ya presentadas una decena de peticiones en la excolonia y tribunales extranjeros contra inmobiliarias chinas.
Esta semana la sufrió Country Garden, la que fuera la mayor promotora nacional, declarada en impago en octubre pasado tras acumular una deuda de 32,3 mil millones de euros. La compañía, que ha perdido un 96% de su cotización en bolsa desde sus días de gloria, prometió que luchará con brío y negó que la acción judicial vaya a afectar su normal funcionamiento o la entrega de las viviendas.
El caso de Evergrande
Country Garden había relevado como principal promotora nacional a Evergrande cuando esta empezó a tener problemas. Un tribunal hongkonés ordenó el mes pasado la liquidación del mayor símbolo de la crisis del sector tras un año y medio de proceso judicial y siete aplazamientos. Fue el previsible final a una sucesión dramática de impagos y al encarcelamiento de su presidente. No lo impidió ni la venta frenética de activos, ni las numerosas negociaciones con sus acreedores, ni un estudio de Deloitte que pronosticaba que los inversores sólo recuperarán un 3,4 % en caso de liquidación. Esta cadena de peticiones de liquidación, opinan los analistas, forzará a las promotoras a agilizar la reestructuración de la deuda y presentar propuestas atractivas a sus acreedores.
En la China continental concentran el grueso de la deuda pero escasean las vías para reclamarla. La justicia hongkonesa es la alternativa pero el camino es pedregoso. Arrecian las dudas de si los tribunales del interior acatarán los fallos de la excolonia. La fórmula “un país, dos sistemas” prevé el reconocimiento mutuo de sentencias civiles y comerciales pero sólo en dos de seis ocasiones han secundado los tribunales continentales las liquidaciones ordenadas en Hong Kong. Será necesario después que permitan la confiscación de sus bienes en el interior y, finalmente, salvar las estrictas restricciones al flujo de capitales impuestas por Pekín para que el dinero salga de China.
El vía crucis del sector empezó poco después de que el Gobierno impusiera límites crediticios en 2020 para frenar el endeudamiento masivo. La pandemia acabó de arruinar el cuadro. La pulsión compradora de los chinos, convencidos de que el ladrillo nunca baja y sin muchas alternativas de inversión, se esfumó de golpe y desbarató una fórmula que exigía una actividad sin freno. De la financiación actual no se espera que devuelva el esplendor a un sector que concentró un tercio del PIB nacional, bastará con que entregue lo prometido.
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