El Gobierno ha dado el visto bueno a la Ley de familias que había diseñado Ione Belarra en el anterior Ejecutivo. Sin apenas retoques, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la ha presentado como un hito más dentro de las políticas sociales del Gobierno. El problema, entre otros, es que el texto que se presenta para su tramitación parlamentaria provoca una desinstitucionalización de la familia, convirtiéndola en cualquier cosa y vaciándola de contenido y significación. Esto conlleva, entre otras cosas, la desaparición, desde el punto de vista jurídico, de la figura de las “familias numerosas”. De hecho, en el texto desaparecen el nombre y el título de “familia numerosa”, creando el vaporoso concepto de “familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza”. Se da la paradoja de que una ley hecha, al menos en apariencia, para integrar a las diversas formas sociales de familia, tiene como primera consecuencia hacer desaparecer uno de los tipos más comunes y asentados, con todas sus implicaciones sociales.
Las asociaciones de familias numerosas reivindican la preservación de este nombre y denuncian la carga ideológica que implica su desaparición. También denuncian la discriminación que padecerán las familias de 4 hijos o más en muchas prestaciones, por ejemplo, en desempleo, que sólo tiene en cuenta a dos hijos. Es imprescindible que durante la tramitación se desarrolle un proceso de escucha y diálogo efectivo con todos los interlocutores sociales, y que no se imponga el rodillo en un tema capital para el futuro de la sociedad como es el de la familia, que no debería estar sometido a experimentos ideológicos de los que muchos países ya están de vuelta.
