La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha vuelto a reivindicar el abolicionismo como forma de defensa de los derechos humanos y la igualdad de género. Por eso, ante el resto de los grupos parlamentarios, ha defendido en el Congreso su postura sobre la necesidad de que España cuente con legislación que penalice a los clientes de la prostitución y a quienes se lucran de ello.
«Nos declaramos abiertamente abolicionistas. Creemos que la prostitución es una forma de violencia. Queremos una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean un objeto de consumo; donde hombres y mujeres sean iguales y libres. Y esa idea es contraria a la trata y a la prostitución, que son dos caras de la misma moneda, ya que sin la segunda no existiría la primera«, ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha tenido lugar este jueves.
Así, la ministra ha expuesto su intención de dotar al país de mecanismos jurídicos que «acaben con la prostitución y den una respuesta integral para mujeres que han sido víctimas de la esclavitud y que son supervivientes». En este sentido, ha afirmado que quieren «poner el foco en quienes consumen la prostitución y se lucren de ella, persiguiendo cualquier forma de proxenetismo y recuperando la tipificación penal de la tercería locativa» como «camino para acabar con esta vulneración de derechos humanos».
De esta forma, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una proposición de ley que incluye el texto referente a la tercería locativa, como la modificación del artículo 187 del Código Penal para ampliar la dimensión del proxenetismo.
Un debate constante
También ha recordado que se trabaja en la futura Ley contra la trata -que no llegó a buen puerto en la pasada legislatura-, y cuyo anteproyecto quieren tener «lo antes posible», si bien ha destacado que, para ello, contarán tanto con la sociedad civil como con entidades especializadas que trabajan con supervivientes. Redondo también ha informado de que el Plan Camino, de atención a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata y explotación sexual, ya ha atendido a más de 20.000 adultas y 700 menores en todo el territorio español.
El PSOE ya propuso una ley para abolir la prostitución en la anterior legislatura. Fue uno de los grandes anuncios de su 40º congreso en Valencia, celebrado en 2021. Pero este debate, que ha dividido históricamente al feminismo, aún está abierto. Si bien hasta ahora la gran parte de los partidos respaldan el apoyo a las mujeres, no todos coinciden en que la penalización del cliente sea el camino para acabar con la trata, ni todos meten en el mismo saco esta forma de esclavitud con la prostitución.
Cinco mujeres asesinadas en 2024
Todos estos anuncios han tenido lugar en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso. La intención del gobierno es renovarlo para ampliar su campo de acción e introducir, además de la prostitución, nuevas formas de violencia fuera de la pareja y expareja, como la violencia digital, la realización de una macroencuesta de violencia contra la mujer o la lucha contra el acceso de menores a la pornografía.
Sobre esto último, la titular de Igualdad ha señalado que considera «fundamental abordar este problema de manera efectiva y brindar a los menores el apoyo y la educación necesarios para comprender la sexualidad de manera saludable y respetuosa», por lo que ha propuesto fortalecer la educación afectivo-sexual adaptada a cada edad de aprendizaje.
1.245 mujeres asesinadas desde 2003
La comparecencia ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas. Desde el 2003, 1.245 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, cinco de ellas en este 2024: Ana, de 56 años, cuya pareja la estranguló el pasado 12 de enero para después suicidarse; Fátima, de 45, a quien encontraron sin vida el 27 de enero en un vehículo en Girona; Rocío, de 44 años, asesinada por su pareja el pasado 5 de febrero, que deja dos hijos menores de edad; Laila, de 37 años y tres hijos de cinco, 13 y 17 años, cuyo asesino se suicidó después; y Cándida, de 54 años, que tenía un hijo de ocho.
A todas ellas, y a los dos niños asesinados por su padre el pasado 6 de enero, las ha recordado la ministra durante su intervención.
