El PSOE y Junts siguen lejos de un acuerdo para poder sacar adelante la ley de amnistía. El plazo límite para pactar el dictamen en la comisión de Justicia vence el 7 de marzo, pero los socialistas se reservan el comodín de solicitar una nueva prórroga, según fuentes de la negociación. Un mecanismo preventivo para evitar que se tumbe la ley si persiste el desacuerdo. La prórroga ya fue cuestionada por el PP cuando se recurrió a ella por primera vez, pero los colaboradores de Pedro Sánchez consideran que es posible volver a solicitarla en la Mesa del Congreso. El Gobierno, además, cuenta con mayoría en el órgano rector de la Cámara baja. Fuentes de la Mesa del Congreso comparten que se ajustaría a reglamento, aunque primero deberán dictaminarlo los letrados.
Sin descartar este recurso, los negociadores del PSOE insisten en que su prioridad es aprobar la ley la próxima semana. “No quisiéramos ampliar [el plazo]”, explican, dejando abierta la puerta a acabar haciéndolo en función de cómo avancen las negociaciones. “En este momento contamos con la opción de llegar a un acuerdo” en los plazos establecidos, indican otras fuentes socialistas, reconociendo la existencia de ese plan b. La nueva solicitud de prórroga se cursaría acogiéndose al artículo 91 del reglamento, donde se establece de forma genérica que “la Mesa de la Cámara podrá acordar la prórroga o reducción de los plazos establecidos en este reglamento”.
Los socialistas abren la puerta a otra ampliación temporal pero insisten en que quieren cerrar el pacto la semana que viene
El PP criticará previsiblemente esta nueva ampliación temporal, al considerar que no se ajusta al reglamento. Ya cuando Junts tumbó el dictamen en el pleno del Congreso, los populares defendieron que la ley de amnistía, al tener rango orgánico, debería haber iniciado desde cero.
La decisión de pedir o no una moratoria se tomará este sábado. Esto es, el mismo día que se cierra el plazo para registrar las solicitudes dirigidas a la Mesa del Congreso y que se puedan debatir en su reunión de los martes por la mañana. Hasta ese momento, hay margen para un acuerdo o, por el contrario, para alargar otros 15 días las negociaciones. El siguiente plazo sería el 21 de marzo.
Cuanto más se retrase la aprobación de la amnistía, más lo harán también los Presupuestos. Ambas negociaciones se desarrollan en mesas distintas, pero en la Moncloa dan por hecho que no tendrán los siete votos imprescindibles de Junts para sacar adelante las cuentas públicas sin antes tener un acuerdo en la ley de amnistía.
La tormentosa salida de Ábalos y la enfermedad de Turull no contribuyen a acelerar el entendimiento
Parón en las conversaciones
Otra de las consecuencias de la ampliación del plazo es que, de cerrarse un acuerdo, la aprobación definitiva de la ley no coincidiría con el inicio de la campaña de las elecciones europeas, fijadas para el 9 de junio. Según el cálculo de fuentes parlamentarias, contando con los dos meses que durará el procedimiento en el Senado, la norma volvería a la Cámara baja para darle luz verde al carpetazo judicial al ‘procés’ entre la segunda y la tercera semana de junio.
Carles Puigdemont interviene ante Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, el pasado 13 de diciembre. / EFE / RONALD WITTEK
Mientras los socialistas intentan mantenerse firmes, argumentando que si incluyen el terrorismo entre los delitos susceptibles de beneficiarse del perdón judicial se toparían con el rechazo del Tribunal Constitucional, los posconvergentes insisten en una “amnistía integral”. Su objetivo es que entren dentro del perímetro de la norma los acusados en la causa del Tsunami Democràtic, entre los que se encuentra el expresident Carles Puigdemont, y de alta traición por la investigación de la trama rusa del ‘procés’ en el caso Voloh. Posiciones que dificultan un acuerdo.
A ello se añade que el principal negociador de Junts, Jordi Turull, se recupera en el hospital de una segunda intervención quirúrgica tras sufrir una crisis cardiaca el pasado lunes, según informaron fuentes oficiales de su formación. Su contraparte, el número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha estado durante los últimos inmerso en desactivar el caso Koldo y gestionar la salida de José Luis Ábalos del grupo parlamentario.
Retirada del texto
El PSOE había fiado el acuerdo en la ley de amnistía a que calase la presión sobre Junts. A los supuestos costes electorales que tendría para Junts tumbar la medida de gracia. Por el momento, los posconvergentes siguen en posiciones de máximos y fuentes de la cúpula socialista amenazaban hace unos días con que si no se llegaba a un acuerdo no llevarían el texto a votación para evitar así una derrota parlamentaria en la ley de la que depende, en buena medida, la continuidad de la legislatura. Los Presupuestos pueden prorrogarse algún ejercicio, pero la acción del Gobierno depende de una geometría parlamentaria en la que los siete votos de Junts son necesarios para sacar cualquier medida adelante.
El discurso del Gobierno es que la decisión de seguir adelante o no con la legislatura corresponde al presidente, quien tiene determinación para tirar hacia adelante. Los socios de investidura, sin embargo, no comparten que este mandato pueda continuar más allá de un año sin el apoyo de Junts. Además, los incentivos de los socios para seguir sosteniendo al Ejecutivo de coalición se reducirían al mínimo sin las cuentas públicas, otras ventanas negociadoras o espacio para sacar adelante los compromisos de investidura.
