El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no limita el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas de la ‘trama Koldo’ al administrador de hecho de Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto, o al presidente del Zamora CF, Víctor Gonzalo de Aldama. También incluye en esta categoría a Israel Pilar Ortiz, presidente de Sortis, empresa que en 2021 firmó un contrato de 1,8 millones de euros con Correos, por el que los sindicatos pidieron explicaciones a la dirección, entonces en manos de Juan Manuel Serrano Quintana, que había sido jefe de gabinete en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE presidido por Pedro Sánchez.
Las resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional, que se centran en las contrataciones realizadas con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) bajo sospecha, afirman que «en las escasas conversaciones que mantienen Cueto y Aldama, la participación de Israel en los contratos investigados adquiere gran protagonismo». Ambas partes, explica el auto, en referencia a Cueto y al propio Aldama, lo consideran el “enlace” o el «primer eslabón”.
El contrato suscrito por la empresa de Israel Pilar con Correos en 2021, cuyo importe alcanza los 1,8 millones de euros por «asesoramiento técnico permanente», no está siendo investigado por el magistrado Ismael Moreno.
Dinero en B
En uno de sus autos, el juez de la Audiencia Nacional se remite a una conversación telefónica entre Cueto y Piedad Losada, que es una empleada de Aldama, en la que hablan del cobro de comisiones por parte de Israel Pilar Ortiz y hacen una referencia a «dinero en B» para referirse a parte del que acabó en su poder «por su participación en los contratos» de la ‘trama Koldo’.
La conclusión de que Pilar Ortiz ha cobrado comisiones se fundamenta en la intervención telefónica realizada y en el análisis de las cuentas bancarias. Así, se ha detectado que Koldo García Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, percibió 10.851 euros de una mercantil vinculada al presidente de Sortis, Instalibero District.
Para Anticorrupción, «el hecho de que el pago hubiera podido ser [en] efectivo conecta con la línea de investigación mantenida a este respecto en cuanto al cobro de comisiones vinculadas a los contratos investigados de esta forma», ya que los ingresos en efectivo del que se considera introductor de la trama en el Ministerio de Transportes, Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, «se incrementaron sustancialmente a partir del año 2020, año de la adjudicación de los contratos investigados».
En este sentido, afirma que en 2020 Koldo «ingresó más dinero en efectivo en los meses de marzo, agosto, septiembre, octubre y diciembre«, lo que coincide con «una notable disminución de disposiciones de dinero en metálico desde el año 2020 lo que reforzaría la existencia de una fuente de dinero en efectivo».
Vinculación directa
En una llamada realizada el pasado 17 de octubre por Cueto a Aldama se comprueba que este último «tiene una vinculación directa con Israel» Pilar. Entre los domicilios y viviendas registrados por los agentes entre los pasados días 20 y 21, están los relacionados con el considerado comisionista de la trama.
Solo los contratos procedentes del Ministerio de Transporte generaron un beneficio económico a Víctor Gonzalo de Aldama de 5,5 millones de euros y de 9,6 a Juan Carlos Cueto, que no ha comparecido hasta este miércoles ante el magistrado por encontrarse fuera de España la semana pasada.
En las conversaciones intervenidas en relación con los problemas con el fisco del presidente del Zamora, los empresarios investigados señalan que este habría cobrado «un comisión encubierta» por «sus contactos en el ministerio». Al respecto, uno de ellos admite que «nadie ha negado que se le pagase una comisión por presentar la oferta ‘ante el ministerio y las otras’, para añadir que «también ha trabajado, por lo que se ha llevado un 10% de la operación», porque si no, «hubiese cobrado un 2 o 1%».
A las cantidades de Cueto y Aldama hay que sumar 1,5 millones del incremento patrimonial obtenido por Koldo García Izaguirre y su familia, quienes adquirieron distintos inmuebles «apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión».
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