El Gobierno balear de Marga Prohens «desconoce» si los funcionarios del actual servicio del IB-Salut han recibido presiones por parte de la trama Koldo en relación al expediente de reclamación de los 2,6 millones de euros de las mascarillas fraudulentas. Así lo ha explicado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quién ha expresado que durante la tramitación del propio expediente miembros de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas S.L., la compañía vinculada al exasesor de Ábalos, tuvieron contacto con técnicos funcionarios del Servicio de Salud el pasado mes de octubre en Baleares.
«Lo desconozco, ni lo descarto ni lo dejo de descartar, no lo sé. Lo que sí quiero reiterar es que la confianza de este Govern en los funcionarios del servicio de salud es total y absoluta, que quede bien claro» ha expresado Costa, quién sí ha descartado que dichas presiones hayan podido llegar a altos cargos del Govern. Cabe recordar que, según indica el juez en el auto de la Audiencia Nacional, la supuesta trama delictiva de venta de mascarillas fraudulentas encabezada por Koldo García, asesor íntimo del ministro José Luis Ábalos y cabecilla del grupo, también habría presionado al ejecutivo de Marga Prohens para que «no prosperara» la reclamación de 2,6 millones de euros.
Respecto a la posible reunión de Koldo con Miguel Tellado del PP para tratar de frenar la reclamación de los 2,6 millones de la administración balear, Costa ha negado dicha información. «Tellado ya ha negado rotundamente que se haya reunido con ninguno de los miembros de la trama de presunta corrupción. Puedo afirmar con total rotundidad que ningún alto cargo del Ib-Salut ni del Govern nunca se han reunido con ninguna de estas personas», ha argumentado Costa.
«El expediente no ha caducado»
Asimismo, el portavoz del Ejecutivo ha vuelto a recalcar que el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros no ha cacudado a pesar de lo estipulado por el Tribunal Supremo y ha puesto el foco en la vía penal donde el Govern reclamará la cantidad íntegra del contrato por valor de 3,7 millones de euros por estas mascarillas fraudulentas. «Se abre otra posibilidad de recuperar un importe superior al que procedía en la reclamación a través de la personación penal pero no descartamos la vía administrativa» .
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