La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas desarticulada en el caso Koldo, investigada por la Audiencia Nacional, se detiene en las vinculaciones comerciales entre el cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, y el «comisionista» y presidente del Zamora Club de Fútbol Víctor Gonzalo de Aldama, que sigue vinculado profesionalmente al grupo Cueto tras el pelotazo de más de 53 millones de euros que ahora se investiga. Cueto declara este miércoles como imputado ante el juez Ismael Moreno, al haber sido citado a declarar tras su regreso a nuestro país, del que se encontraba ausente.
Uno de los negocios mencionados en la querella del fiscal Luis Pastor es Telefarmacia App, un proyecto para la venta de medicamentos online que nació en 2019 a manos de un grupo de jóvenes empresarios y que lleva dos años inactivo, debido a los problemas con Sanidad y los colegios de farmacéuticos que despertó desde el principio la aplicación.
Según señalan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de la empresa, De Aldama llegó a sentarse en el Consejo dede esta entidad a finales de 2020, tras la ampliación de capital en la que participó a través de Brama Capital S.L., en la que figuraba como administrador y firmó siendo accionista. En esta posición permaneció solo unos meses, puesto que desde enero de 2021 el administrador único de la sociedad es otra persona y Brama sigue teniendo el 30 por ciento de la empresa.
Para los investigadores, el caso de Telefarmacia constituye uno de los ejemplos de que las vinculaciones comerciales entre el dueño del Zamora y el grupo Cueto habrían continuado tras los contratos firmados con la Administración con la mediación del que fuera asesor y hombre de confianza del exministro Ábalos, Koldo García. Se citan concretamente esta aplicación y una empresa de pizarras en la comarca gallega de Valdeorras, que más tarde se vería favorecida con el dinero obtenido por el negocio de las mascarillas.
Sobre la primera de las empresas, los escritos judiciales no relacionan el dinero obtenido de las mascarillas con la mencionada ampliación de capital. La vinculación es únicamente temporal: los contratos millonarios se cerraron en lo peor de la pandemia, en marzo y abril de 2020, y la participación de Brama Capital en el negocio de telefarmacias se cerró ese mes de octubre, según las mismas fuentes. Las referencias sobre De Aldama eran muy buenas, según señalan a este diario los impulsores de la app, al tratarse de un joven empresario dueño del Zamora Club de Fútbol y con buenas referencias en la ciudad.
La participación de Cueto en estos dos negocios se realizó, según el auto por el que el juez Ismael Moreno acordó medidas cautelares contra los empresarios, utilizando las sociedades Brama Capital SL, Pizarras Santa Bárbara SL y Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL, cuyo objeto social está relacionado con la extracción de esta piedra ornamental. Según el juez, las dos primeras «habrían sido adquiridas por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas«, realmente controlada por Cueto y sociedad clave en la trama Koldo. Posteriormente, añade el escrito, De Aldama habría adquirido parte de su titularidad.
Problemas con Sanidad y los farmacéuticos
Los problemas con Sanidad de los emprendedores para la venta online de medicamentos comenzaron desde el principio. De hecho, en noviembre de 2019 Telefarmacia presentó una querella por prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas contra la directora de la Agencia del Medicamento (AEMPS), María Jesús Lamas; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Luis González; y el presidente del Consejo General de Colegios de Farmaceúticos, Jesús Aguilar, a quienes acusaban de ponerse de acuerdo para clausurar este servicio. La Administración había iniciado un proceso para cerrar el negocio bajo la acusación de vender medicinas y no sólo distribuirlas.
Esta acción judicial no prosperó, y tampoco tuvo éxito el contencioso-administrativo abierto por los impulsores del proyecto contra Sanidad en la Audiencia Nacional. De hecho, el pasado mes de noviembre se rechazó el último recurso de los empresarios contra una sentencia anterior que declaró que el competente para adoptar medidas en materia de distribución de medicamentos es el Estado, que actúa para garantizar la seguridad de la transacción.
Según los responsables del proyecto, De Aldama entró en el negocio como responsable de Brama Capital, una sociedad que se vinculaba en 2020 con inversiones en el entorno de las startup, si bien la empresa se mantiene inactiva desde que la mayoría de las farmacias se retiraron del proyecto, tras las acciones emprendidas por los colegios de farmaceúticos.
