Las protestas de los agricultores y ganaderos españoles -aunque discutibles en algunas de sus reivindicaciones- concitan el apoyo mayoritario de la ciudadanía, hasta el punto de que más de cuatro de cada cinco personas dan mucho o bastante apoyo a las reclamaciones del sector primario, según la encuesta elaborada por el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para Prensa Ibérica.
En concreto, un 57,8% de los que respondieron a la pregunta dan mucho apoyo a las reclamaciones y un 25% les dan bastante respaldo, lo que suma un 82,8 del total. Tan solo un 10,8% de los encuestados les presta poco apoyo y un 3,5% ninguno.
Por edades, son las personas de mediana edad, es decir las que tienen entre 30 y 59 años las que más suscriben las reivindicaciones que se hacen en las tractoradas (un 61,8% los de la franja entre 45 y 59 años, y un 60,6% los de entre 30 y 44), mientras que los jóvenes y los más mayores se encuentran divididos y casi empatan en el resultado: los entrevistados de entre 18 y 29 años les dan un 54,8% de apoyo y los de más de 60, un 53,8%.
En lo que no hay ya tanta unanimidad es cuando la pregunta toca a una de las cuestiones que los productores agrarios están cuestionando: la suspensión de la Agenca 2030 y la flexibilización de las medidas medioambientales que
a Unión Europea les exige implantar. Un 53,8% de las personas más jóvenes consideran que es muy urgente aplicar restricciones contra el cambio climático, mientras que entre la población mayor de 60 años, son un tercio (33,5%) los que las ven tan apremiantes. En las franjas medias de edad, los porcentajes se quedan en el 47% para los españoles de 30 a 44 años y en el 43,1% para los de 45 a 59. Una vez más, se evidencia el peso que tiene la protección del planeta sobre las nuevas generaciones, mucho más preocupadas por el impacto del calentamiento global y sus efectos.
La derecha, con las tractoradas
También aplauden masivamente las movilizaciones de los labradores aquellos que votan a Vox (76,2%), al PP (65,5%) o a Junts (63,1%), aunque cabe reseñar -rompiendo aquí la tendencia ideológica- que el respaldo es asimismo muy amplio entre los votantes de ERC (74,3%). Los electores del PSOE están, en este caso, más bien divididos: un 50,5% de ellos dan mucho apoyo a las protestas, mientras que un 22% no considera convenientes las acciones que están poniendo en un brete al ministro Luis Planas y sus políticas agrarias y ganaderas.
Las más reticentes al movimiento son las fuerzas de izquierdas, quizás porque estas protestas se están relacionando más con los empresarios agrícolas y, en menor medida, con los trabajadores o asalariados del campo. Entre el electorado de Sumar, los apoyos a los agricultores se quedan en el 34,9%; entre el de EH-Bildu, en el 45%, y entre el del BNG, en el 27,3%. Además, el 62% de los votantes del partido de Yolanda Díaz opinan que bajo ningún concepto se deberían frenar las medidas ambientales que perjudican a la agricultura, frente al 62,2% de los que apoyan al PP que afirman todo lo contrario, es decir, que sí deberían paralizarse esas exigencias. En el PSOE, el 52,1% es contrario a detener la aplicación de los requisitos ambientales.
Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía
El apoyo a las movilizaciones del sector agrario es más amplio entre quienes viven en municipios de menos de 10.000 habitantes (61,4%), pero también suscita buenas cuotas de simpatía entre los que residen en las grandes ciudades (del 47,9% en las de más de medio millón; del 56,8% en las que tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes, y del 60,4% en las de 10.000 a 100.000). Las demandas que hacen los agricultores no son ajenas, pues, al mundo urbano, que cada vez aprecia más los alimentos de proximidad y de temporada y que es consciente del papel que el sector primario tiene en la preservación del territorio y en la fijación de la población en las zonas rurales.
Por comunidades, catalanes, valencianos y andaluces son los que más identificados se sienten con la huelga de los agricultores (con un 66,4%, un 63,4% y un 62,7% de apoyo a la causa, respectivamente). En el extremo contrario, se encuentran la Comunidad de Madrid (48%), Canarias (48,9%) y Galicia (49,4%).
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