El Parlamento de Canarias no va a investigar ni el caso Koldo ni el caso mascarillas sino el caso Torres. ¿El motivo? Que los dos primeros son meros capítulos de todas las «chapuzas» que se hicieron en la contratación pública de suministro de mascarillas y material sanitario durante la pandemia «bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres en el Gobierno más deshonesto y despilfarrador de la historia» de Canarias.
Un gabinete que, además, suscribió «un pacto de silencio» para impedir cualquier investigación parlamentaria sobre lo que es «una trama generalizada de corrupción» y cuyo último capítulo conocido es la investigación judicial sobre dos ventas de material sanitario al Gobierno del pacto de las flores por un importe de 22,9 millones en las que están involucrados, entre otros, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el presidente de Unidos Por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna.
Estos son los argumentos esgrimidos por el nacionalista José Alberto Díaz Estébanez y la conservadora Luz Reverón tras registrar en la Cámara regional la solicitud de crear una comisión que investigue «las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la Covid-19».
Una investigación al margen del devenir judicial de los hechos que están siendo dilucidados y de las que se llevarán a cabo en el Congreso, el Senado y otros parlamentos autonómicos y a la que «parece lógico» que sean llamados todos los miembros del comité de gestión que en su momento abordó la compra del material sanitario debido a la emergencia pandémica: desde el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hasta José Julián Istúriz, pasando por el exvicepresidente Román Rodríguez y los exconsejeros Julio Pérez o Sebastián Franquis.
«No investigaremos nombres, sino hechos», aseguró Díaz Estebánez para no descartar que Ramírez y Bravo de Laguna puedan comparecer en la comisión de investigación si así lo deciden los componentes de la misma.
«El Parlamento no puede permanecer impasible ante la gravedad de los hechos que se van conociendo y actuará en consecuencia por decencia, dignidad y justicia», concluyó el diputado nacionalista.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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