Un ultimátum han recibido los dueños de 19 viviendas y 25 locales del barrio de San Antón declaradas en estado de ruina que tienen que ser derribados este año junto a otras 240, cuyos propietarios ya fueron realojados en los pisos sociales tras dejar sus antiguas casas y cederlas al Ayuntamiento. La empresa municipal Pimesa acaba de hacer pública la lista definitiva de los últimos bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación de inmuebles para la ejecución de la fase 1 de la renovación urbana del barrio. A partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, habrá 15 días de plazo para presentar alegaciones.
El equipo de gobierno aprobó el pasado jueves la necesidad de ocupación y la relación de las casas situadas en las manzanas entre las calles Pintor Benedito, Alingasa, Aladia y Marchena.
Tras esa decisión, la exposición de las características de cada una de las fincas, el nombre de sus dueños y las cargas hipotecarias que arrastran los pisos es la antesala para poder iniciar los últimos desalojos de los cuatro inmuebles más deteriorados de este humilde barrio y desbloquear así una demolición que lleva años retrasándose por las dificultades económicas de las familias para trasladarse a las nuevas viviendas subvencionadas y por la pesada burocracia.
Una escalera de San Antón, en Elche, tapiada por riesgo de derrumbe / Áxel Álvarez
Plazos
«En los próximos meses» espera el Ejecutivo de Pablo Ruz, tal y como indicó este martes el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, poder culminar las expropiaciones. De esas 45 fincas que tienen que expropiarse, no todas están habitadas, según el gerente de la empresa pública, Antonio Martínez. Hay propietarios que no tienen interés en optar a un piso social en el barrio por lo que, tras la expropiación, sus casas pasarán a ser de propiedad municipal y cobrarán una indemnización. Además, hay otras tres familias que todavía no han tomado la decisión de cambiarse a una vivienda que tienen reservada y también existen entre tres y cuatro casas ocupadas que carecen de derechos sobre los pisos nuevos, con lo que los Servicios Sociales están trabajando para buscar una solución a este colectivo. «El interés general prima sobre el interés particular y hay que derribar los edificios», incidieron los responsables municipales y recordaron los motivos. Primero porque en caso de no llevarlos a cabo retrasa las siguientes fases y, sobre todo, porque el compromiso es que la subvención que han recibido los vecinos para tener acceso a una vivienda digna están vinculadas a la demolición.
Vistas generales del barrio de San Antón en Elche, más cerca del derribo / Áxel Álvarez
Tapiadas por riesgo
Asimismo, desde la mercantil pública incidieron el riesgo al que se están exponiendo los últimos vecinos que permanecen en unos bloques cada vez más deteriorados. Prueba de la inseguridad que existe en estas casas son los accesos que han sido tapiados por el Ayuntamiento a las escaleras de esos inmuebles con carteles que indican «Peligro, edificio declarado en ruina, próxima demolición, viviendas inhabilitadas».
La tasación ronda los entre 18.000 y 20.000 euros de media por cada vivienda o local, la cantidad que van a percibir los vecinos. Esto supone que las 284 viviendas y locales se han tasado en más de 5 millones de euros. Así, se aprobaron tres convocatorias públicas de venta de los tres edificios construidos, el 22 de julio de 2016, el 31 de mayo de 2019 y en 4 de junio de 2021, habiéndose vendido hasta el momento un total de 253 viviendas.
Año clave
Este 2024 va a ser clave para la transformación urbana de esta populosa zona de Elche que lleva décadas aguardando a una vivienda digna. Será trascendental porque se ha contratado ya la demolición de los primeros cuatro bloques con una inversión de 1,5 millones de euros a cargo del Ayuntamiento. Además, en los próximos meses tendrá que finalizar la construcción del cuarto inmueble social de nueve plantas, dotado con 54 viviendas y zona verde, para el cual se han destinado 1,4 millones este año. Para el quinto bloque de 45 pisos, Pimesa consignará 300.000 euros que servirán para licitar el proyecto a lo largo de este 2024. Todo ello para seguir realojando a las familias del resto del barrio. Quedan unas 700 a la espera.
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