Los dos policías que ejercen la acusación particular en la causa abierta por delitos de terrorismo en relación con las convocatorias de Tsunami Democràtic han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que ordene a la Comisaría General de Información de la Policía investigar la presencia de espías rusos durante el ‘procés’, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.
Los agentes, que resultaron heridos de gravedad en los altercados que se produjeron en Via Laietana y la plaza de Urquinaona, en Barcelona, el 18 de octubre de 2019, jornada en la que Tsunami Democràtic había convocado una huelga general por la sentencia del ‘procés’, solicitan al magistrado que ordene la redacción de un informe «acerca de los espías rusos expertos en sabotajes y asesinatos que viajaron a Barcelona entre los años 2014 y 2019″, tal y como consta en distintas noticias de prensa con las que esta acusación acompaña su escrito. Los abogados José María y José Ignacio Fuster Fabra sostienen que tras haber revisado la causa no han encontrado nada al respecto, de ahí que insten su investigación.
Según informó EL PERIÓDICO, el pasado 12 de febrero, en una investigación conjunta con El Confidencial, Rusia envió a Barcelona entre marzo de 2014 y diciembre de 2019 al menos a siete miembros de los servicios de inteligencia militar del país (GRU, en sus siglas en ruso). Entre los integrantes de este grupo de agentes se encuentra el general Denis Serguéiev, alias Sergey Fedotov, que se desplazó a la capital catalana en tres ocasiones, la primera el 11 de mayo de 2016. Informes de los servicios secretos occidentales le vinculan con el fallido intento de envenenamiento, en marzo de 2018, del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido.
Los miembros del GRU que se trasladaron a Barcelona durante esas fechas son integrantes de la Unidad 29155, una de las más activas y que se encarga de las operaciones encubiertas de Rusia en el extranjero. La investigación periodística ha comprobado que el 2 de marzo de 2014 viajó a la capital catalana Maksim Rodionov, alias Maksim Valerievich Smirnov, y regresó a Moscú unos días después, el 11 de marzo.
Doble investigación
Se da la circunstancia de que García-Castellón abrió una pieza en su día en relación con la presencia de Fedotov en Barcelona, pero acabó archivándola. De tal forma que la trama rusa del ‘procés’ quedó únicamente en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Este, por su parte, remitió a la Audiencia Nacional todas las actuaciones relativas a Tsunami Democràtic con las que contaba para que la financiación y dirección de la plataforma solo fueran investigadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
De tal forma que si ahora García-Castellón abre la nueva línea de investigación solicitada podría darse algún tipo de duplicidad entre lo investigado en el caso Voloh y en Tsunami Democràtic, procedimiento en el que se está a la espera de que la Sala de lo Penal resuelva los recursos de los imputados y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la imputación por un delito de terrorismo e incluso contra la propia personación de los agentes que instan investigar la presencia de espías rusos.
Varios de los imputados, con el apoyo del fiscal adscrito al caso, Miguel Ángel Carballo, alegan que los altercados en que ambos policías resultaron heridos no pueden atribuirse a Tsunami Democràtic, sino que en todo caso serían responsabilidad de los Comités en Defensa de la República (CDR). En el Juzgado Central de Instrucción número 6 también se ha instruido una causa contra una célula de estos grupos a la que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos, hechos por los que el mismo fiscal solicita una pena de 27 años de cárcel para ocho de los 12 acusados.
El Tribunal Supremo, además, tiene que pronunciarse sobre la exposición razonada el remitió el juez García-Castellón para que impute al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. La teniente fiscal del alto tribunal, Ángeles Sánchez Conde, ha informado en contra de que la Sala Segunda acepte investigar al ahora eurodiputado, al entender que no hay indicios contra él que justifiquen su imputación.
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