El activista en favor de los derechos humanos Oleg Orlov deberá pasar dos años y medio en una cárcel rusa por las acusaciones de “desacreditar el Ejército ruso”. Es su segunda sentencia desde que empezó en 2022 la guerra en Ucrania. Su primera condena, por un artículo crítico publicado a finales del mismo año, le supuso una multa de 1.500 euros. En esa fecha se libró de entrar en prisión gracias a testigos a su favor y su edad, 70 años, que le permitieron eludir la pena de cárcel.
Se le condenó por el artículo “Querían fascismo. Tuvieron fascismo”, en el que aseguraba que la ofensiva contra Ucrania era un “duro golpe al futuro de Rusia” y que el Kremlin la ideó para sus propios fines políticos. Sin embargo, en el juicio de este martes, la fiscalía consideró que Orlov siente “animosidad y odio contra el Ejército ruso”, algo que se consideró un agravante en la pena e hizo que hubiera un nuevo veredicto para el mismo caso.
En una entrevista previa al juicio con el medio ‘The Moscow Times’ – tildado de agente extranjero por las autoridades rusas – aseguró que está siendo juzgado “por un artículo en un diario en el que llamé al régimen político establecido en Rusia totalitario y fascista”. A pesar de las circunstancias, cree en “un futuro mejor (para Rusia)”. “La verdad está de nuestro lado” esgrimió al final de la conversación con dicho medio.
Camino difícil
Antes de sufrir en sus carnes la persecución legal, fue uno de los líderes de la oenegé por los derechos humanos Memorial. Esta organización durante sus años de existencia buscó investigar los crímenes del estalinismo y dignificar las víctimas del mismo y de otros períodos de la URSS. Aunque la Rusia actual nunca pretendió ser la Unión Soviética, estas investigaciones no eran del agrado de las autoridades, que buscaron maneras de cortarle las alas a la organización. El primer golpe fue en 2008, cuando se les confiscaron discos duros e información que habían recabado durante 20 años, que se recogieron con el objetivo de convertirse en una base de datos de nombres de víctimas del régimen soviético universalmente accesible.
En 2014 las autoridades rusas declararon a la organización “agente extranjero”, una etiqueta que se recibe cuando se perciben ingresos desde el extranjero, aunque sean mínimos y la presión fue creciendo paulatinamente hasta el 2021. En dicho año el Tribunal Supremo ruso pidió su cierre por una supuesta violación de la ley de agentes extranjeros y se vieron obligados a cumplir. Esta medida fue criticada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la UE y algunos otros países occidentales.
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