El auto del juez Ismael Moreno no circunscribe al Govern balear de Francina Armengol la relación contractual con la supuesta trama delictiva de venta de mascarillas fraudulentas. Koldo García, asesor íntimo del ministro José Luis Ábalos y cabecilla del grupo, también habría presionado al ejecutivo de Marga Prohens para que «no prosperara» la reclamación de 2,6 millones de euros, según el titular del juzgado central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional. El magistrado concluye además que la «influencia» del presunto comisionista ha sido coronada por el éxito.
El instructor no lleva a cabo una suposición abstracta, sino que apoya las presiones de Koldo sobre el Govern del PP en las intercepciones policiales. En el cuarto aniversario del contrato fraudulento firmado a ciegas por el ejecutivo socialista, nunca se conocerán los vínculos evidentes entre la trama y el gabinete de Francina Armengol. En cambio, se podrá rastrear con detalle la intervención de los subordinados de Prohens.
El auto subraya que «la reclamación dimanante de la Administración balear ha propiciado distintos encuentros entre Koldo y Cueto», el empresario en el vértice de las operaciones. El juez destaca que «bajo este contexto se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido» frente al Govern del PP. Los «oficios de la Unidad Policial actuante» que justifican el razonamiento escalonado vienen fechados en noviembre de 2023, enero y febrero de 2024, por lo que se refieren obviamente a la etapa de Prohens.
El primer auto de la Audiencia Nacional no especifica qué cargos del actual Govern habrían participado en las conversaciones, que conceden esperanzas a la trama de una cancelación sin quebranto económico, después de haber servido un millón y medio de mascarillas que no se ajustaban a las especificaciones pactadas.
El auto tampoco precisa cómo adquirieron los miembros de la trama el conocimiento de que «si la Administración balear (Govern) en el plazo de tres meses -fecha límite el 18-01-24- no se ha pronunciado expresamente, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo, y por ende, la reclamación de tres millones».
La precisión «en el plazo de tres meses» señala que la conversación registrada se habría producido en octubre del año pasado, cuando el actual Govern llevaba meses en ejercicio. El informador sobre el tope del 18 de enero debía ser poderoso, porque los investigadores constatan que a partir de esa fecha «se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto». La tranquilidad sobrevenida impulsa al magistrado a concluir que «puede colegirse que podría haberse producido la caducidad de la reclamación y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto».
La síntesis del primer asalto judicial a la generosidad transversal de Baleares con los adjuntos del ministro Ábalos ofrece un desenlace doble. El incalificable regalo de cuatro millones de euros sin más garantías que un abstracto aval partidista mancha al PSOE, que no se atrevió a concretar la obligada reclamación hasta el día anterior a la toma de posesión de Prohens, con tres años de retraso. Según la Audiencia, tampoco el PP habría demostrado un mínimo de diligencia en la recuperación del dinero público, con una caducidad comprometedora para ambos partidos.
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