La liquidación del presupuesto de la Generalitat de 2023 ha llegado este martes al pleno del Consell, que ha informado de un resultado negativo de 2.946 millones de euros, un desajuste inferior al registrado el año previo en unos 300 millones. Estas cuentas fueron diseñadas por el Botànic pero desde julio han estado gestionadas por el nuevo Ejecutivo de PP y Vox surgido del 28M.
La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha cargado sobre ese anterior gobierno de PSPV y Compromís la responsabilidad de los números rojos que afloran ahora (todavía falta cerrar los resultados del sector público instrumental), al asegurar que el resultado del ejercicio ha estado «fuertemente condicionado por el notable incremento de las obligaciones reconocidas» de cara a 2023, que habrían aumentado en un 11,6 % según la titular de Hacienda.
La liquidación todavía no está publicada en la web de la Generalitat, por lo que no se puede bucear en esas cifras. En todo caso, Merino ha señalado que el aumento del gasto estructural en el que incurrió el Botànic para el pasado ejercicio, y que actúa como una «pesada mochila heredada» para los de Carlos Mazón, se concentra en los capítulos 1 y 2. Es decir, en el de personal y en el gasto corriente en bienes y servicios, por lo que son compromisos «de difícil modificación».
La responsable de la caja pública valenciana ha cifrado el incremento heredado del gasto en nóminas en más de 540 millones de euros (7,3 %) respecto a 2022, mientras en los pagos corrientes el aumento sería de 853 millones respecto al ejercicio previo, un 23,3 % más.
Según interpretan desde Hacienda, «el marcado aumento de estos dos capítulos y su elevado peso relativo dentro del presupuesto de la Generalitat reflejan con claridad el fuerte incremento del gasto estructural consolidado por el anterior Consell a pesar de la desaparición de los recursos extraordinarios vinculados a la lucha contra la pandemia o la guerra de Ucrania».
Desde el PSPV discuten esta lectura y critican que el nuevo Consell haya liquidado el presupuesto de 2023 en estas magnitudes de números rojos «pese a contar con un 26 % más de recursos del sistema de financiación» gracias al aumento de las transferencias del Gobierno central.
Asimismo, recuerdan que el apartado de personal tuvo que ser reforzado por los efectos de la pandemia y que en 2023 esos puestos se convirtieron en estructurales. Apuntan también al aumento salarial a funcionarios aprobado por el Gobierno y sindicatos y que fue de aplicación obligatoria. En cuanto a los gastos corrientes, los socialistas explican su incremento por el aumento de los precios que provocó la guerra de Ucrania.
«Iremos mejorando»
Pese a los casi 3.000 millones en negativo que arroja la liquidación, Merino ha destacado que los datos «son mejores» que los del año previo y ha insistido en que «gran parte» de ese desajuste «se puede reducir».
En esa línea, se ha comprometido a «mejorar» estos indicadores. «Queda camino por recorrer para reducir ese gasto, pero en gran parte se puede reducir. Iremos mejorando estas cifras por la buena gestión, la optimización y la eficiencia en el uso de recursos públicos», ha insistido la portavoz.
Desde Hacienda indican que la racionalización del gasto público es uno de los objetivos «prioritarios» del nuevo Ejecutivo autonómico y recuerdan algunas medidas adoptadas por el actual Consell, como «la reducción de la estructura política» de la Generalitat, los «avances en simplificación administrativa» o la puesta en marcha de una comisión para medir la eficiencia del gasto de la administración valenciana.
La liquidación practicada por la Intervención de la Generalitat corresponde exclusivamente al Presupuesto de la Administración de la Generalitat y no incluye al sector público. Por ese motivo, aunque el resultado presupuestario no financiero influye de forma considerable en el cálculo del déficit definitivo de la Generalitat en 2023, este dato no se conocerá hasta marzo.
