El código ético del PSOE no contempla las acciones contra Ábalos

Será un caso que asiente precedente. Este lunes la dirección nacional del PSOE, desde Ferraz, ha solicitado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que entregue su acta de diputado del Congreso tras estallar la ‘Operación Delorme’. Y ello en un plazo de un día, que se cumplirá en torno al mediodía de este martes. Por el momento, el diputado del Grupo Socialista ha renunciado a su cargo como presidente de la Comisión de Interior de la Cámara Baja, pero al cierre de esta edición no ha trasladado públicamente si acata este mandato y deja su escaño. Los socialistas confían en que lo hará, porque siempre ha respetado la «ortodoxia» de las siglas, dijo la portavoz socialista, Esther Peña, tras anunciar el requerimiento.

En todo caso, el mandato de Ferraz va más allá de los ejes por los que se guía el partido, tanto en sus estatutos como en su código ético y de conducta. El PSOE solo contempla acciones para aquellos militantes que pasen a estar investigados formalmente. Algo que no es el caso de Ábalos, que solo aparece como mencionado indirecto en la investigación. La demanda de los socialistas que cataloga, en todo caso, al cumplimiento de sus «responsabilidades políticas».

Revisados por El Independiente tanto los estatutos como el documento ético, en ninguno se incluyen mención concreta o aproximada, o medidas a tomar contra un cargo o parlamentario cuando un miembro de su entorno directo se ha aprovechado su proximidad para su beneficio personal. Que es lo que, de momento, atañe al ‘caso Koldo’. No hay mención a cuando una persona aún no está involucrada en una causa, como la que está investigando ahora la Audiencia Nacional. Según la investigación y el informe de la Fiscalía, el exasesor del ministro, Koldo García, se habría aprovechado de la empresa ‘fantasma’ Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para cobrar, previo contrato de suministro de mascarillas, comisiones irregulares. Es el caso, además, del empresario Víctor de Aldama, otro de los investigados.

De más de una decena de operaciones, están bajo la lupa cuatro realizadas con administraciones estatales y regionales dependientes de ejecutivos socialistas, y por valor de 40 millones de un total de 53,13, de las que 16,5 millones supusieron comisiones irregulares: Transportes, Interior, y los exgobiernos autonómicos de Francina Armengol en Baleares y Ángel Víctor Torres en Canarias; ambos presidenta del Congreso y ministro de Política Territorial en la actualidad, respectivamente.

Concretamente, García habría aprovechado su lanzamiento profesional de la mano del exministro, caso de su designación como consejero de Renfe Mercancías, su proximidad con Adif y su papel de vocal del consejo rector de Puertos del Estado para esas operaciones que se investigan. Pero, como el propio Ábalos ha asegurado, con su total desconocimiento. El único hilo que une a Ábalos con la investigación, y del que el juez, que se sepa, no ha decidido tirar, es de un audio en el que se menciona que «el exjefe» de García «ha dicho que sí» a un favor solicitado.

Sólo mención expresa a investigados o encausados

Los estatutos aluden a sanciones vinculadas con la corrupción en dos de sus puntos. En el artículo 82.4 de los principios rectores del régimen disciplinario se indica que «se impondrá la sanción de expulsión del partido a aquellos que hayan sido condenados por delito relacionado con la corrupción». Vuelve a tratarse en el artículo 90, pero relacionado con la suspensión cautelar de afiliación. Pero solo para «personas incursas en un proceso penal respecto de las cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral». La situación de Ábalos es ajena a ambos escenarios por el momento, sin conocerse aún el sumario. Por ello, éste habría trasladado a su entorno más íntimo que no entiende la petición de la cúpula socialista.

El PSOE solo puede pedir el acta de diputado por ruptura de la disciplina en la actuación o en el voto de manera grave o por baja voluntaria en el partido»

También escapa a los casos por los que el PSOE se reserva solicitar el acta a cualquier parlamentario. Por un lado, se menciona la ruptura de la disciplina en la actuación o en el voto en el artículo 67.3. «Si la actuación originada por esa persona se estimase grave por el Comité Federal, éste tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo, procediendo a incoar el correspondiente expediente, que será tramitado por la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a adoptar». Otra de las previsiones para que un diputado entregue su acta, es la baja voluntaria en el PSOE «por cualquier circunstancia».

El código ético -que debe ser firmado por cualquier persona postulada a cargo público, y confirmar que no ha incurrido en delitos ligados a la corrupción, la violencia de género, el acoso o la discriminación, entre otros-, particularmente vuelve ha mencionar el estatus de «judicialmente investigado». Y que el involucrado deberá trasladarlo a la cúpula para que esta valore las acciones a desarrollar. Si se abriese juicio oral, se procedería a «solicitarle la baja voluntaria como afiliado y la dimisión de su cargo». Y en el caso de absolución posterior, se menciona el compromiso del PSOE a devolver la condición de afiliado previa.

Hay que tener en cuenta que el acta de diputado pertenece solo a quien la ostenta. El PSOE solo puede expulsar o tomar decisiones de acuerdo al partido o al Grupo, pero no podrá hacer nada en lo que resta de legislatura si, por ejemplo, Ábalos decidiese transitar al Grupo Mixto como han hecho con anterioridad distintas figuras. La legislatura pasada: Meri Pita, de Unidas Podemos, o Carlos García Adanero y Sergio Sayas, de UPN. En todo caso, los socialistas descartan esa posibilidad. De acatar el mandato de Ferraz, Ábalos dejará su escaño libre para que lo ocupe Ana María González, actual alcaldesa de Llaurí (Valencia), y que en 2021 fue condenada por conducir ebria.

El PSOE prima la «responsabilidad política»

Pese a esa ausencia, aún, de investigación o imputación a Ábalos, en el PSOE creen que la salida del parlamentario es la mejor vía a tomar. «No nos erigimos en jueces, pero la comisión considera que existe una responsabilidad política«, dijo Peña ayer. No obstante, ésta no especificó a qué se refiere el partido con este etiquetado. Se lee entre líneas, en todo caso, que puede referirse al fichaje de García como asesor en Transporte no teniendo trayectoria previa en el sector, y con mayor notoriedad a no haber atendido o notado los presuntos tejemanejes llevados a cabo a sus espaldas.

En ello ha incidido IU, en palabras de su secretario de Organización, Ismael González. Los socios de Gobierno, dentro de Sumar, consideran que Ábalos tiene que salir para no dañar la imagen del anterior Ejecutivo durante la «buena» gestión de la crisis del coronavirus. «Hay que dar ejemplo dimitiendo cuando hay problemas por posibles casos de corrupción», trasladó González. Desde Sumar, y en palabras de su portavoz, Ernest Urtasun, han aplaudido la decisión de los socialistas, porque «la política ha de ser contundente en estos casos». Para PP y Vox, al contrario, no es suficiente, y relacionan esta exigencia con la posibilidad de que Ábalos tire de la manta.

Por el momento, el PSOE ha anunciado que impulsará una comisión de investigación parlamentaria y desde el ministerio de Transportes, Óscar Puente ha ordenado una auditoría en Puertos del Estado y Adif para esclarecer lo sucedido en 2020. A la comisión, PP y Vox no han aclarado si se sumarán aún. Ambos se han presentado como acusación particular en la investigación, y el PP creará una comisión en el Senado a la que citará a Sánchez; al exministro de Sanidad, Salvador Illa, al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a la presidenta del Congreso, Armengol.