RTVE reclama 5,4 millones de salarios de trabajadores en COVID

Radio Televisión Española (RTVE) va a llevar a los tribunales a la Seguridad Social y a diversas mutuas para reclamar hasta 5,4 millones de los salarios abonados a sus trabajadores durante la pandemia. En concreto, el ente público entiende que deben ser devuelto íntegramente el importe anteriormente citado en concepto de “prestaciones por incapacidad temporal por situación asimilada a accidente de trabajo ex artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que adopta determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública relativas a sus personas trabajadoras”.

Dicho artículo reza que, en aras de proteger la salud pública, se considerarán, “con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19”.

Este periódico se ha puesto en contacto con RTVE pero ha declinado hacer cualquier tipo de comentario para aclarar cuál es la razón principal por la que llevará a los tribunales a la Seguridad Social.

Fuentes jurídicas remarcan que el caso podría tratarse porque durante los primeros meses de la pandemia era la empresa la que hacía el pago de la prestación al empleado que estaba dado de baja. Sin embargo, esa cantidad debía abonarla el Estado a través de la Seguridad Social, pero se alcanzó un acuerdo para que cualquier sociedad pudiera adelantarla compensando con las cotizaciones que paga a los trabajadores.

Las mismas voces revelan que Seguridad Social, que tampoco ha querido hacer comentario alguno en preguntas de este periódico, se niega a abonar la cantidad anteriormente citada y que la propia RTVE había adelantado.

Así, la cadena de televisión y radio pública tiene decidido llevar a cabo en vía administrativa como en vía judicial en todas sus instancias y recursos, frente al INSS, la TGSS, la Mutua Fraternidad Muprespa y cuantos otros sujetos responsables se estime necesario, tal y como se recoge en el portal de contratación.

Licitación

Para ello, RTVE ha iniciado una licitación con un importe de un millón de euros para aquel despacho que puedan ofrecer los servicios que demanda. El consejo de administración remarca que la “realización de una serie de actuaciones coordinadas y requiere asistencia jurídica especializada multidisciplinar y compleja ante distintas instancias administrativas y jurisdicciones no existiendo disponibilidad de medios propios para acometer el encargo”.

La principal razón para destinar un millón de euros del presupuesto del ente público es que el área jurídica no puede asumir el trabajo debido “a la enorme carga” que ya tiene. Asimismo, Abogacía del Estado no puede ostentar la representación y defensa de RTVE en esta materia dada la existencia de conflicto de intereses. Y es que, la televisión tiene decidido llevar a los tribunales a la Seguridad Social por lo que habría dos organismos públicos pleiteando entre sí.

El grupo dirigido por Elena Sánchez perfila el asesoramiento de un despacho de abogados especializado en Seguridad Social, “más en concreto en materia de determinación del alcance de la colaboración voluntaria de empresas con la gestión de la Seguridad Social”, tal y como justifica la propia RTVE.

De acuerdo a la propia información que ha dado a conocer el ente público, el montante que reclama a la Seguridad Social y a otras mutuas anteriormente citadas pertenecen a los trabajadores s de sus centros de trabajo de Prado del Rey, de Torrespaña, de Sant Cugat y Roc y de Boronat y el espacio temporal se centra desde marzo de 2020 hasta julio de 2023.

Condiciones

A pesar de que el consejo de administración admite que sus servicios jurídicos no pueden llevar el caso por la alta carga de trabajo que ya tienen, el despacho que quiera presentarse ha de acreditar unas condiciones que no pueden hacerlo cualquier bufete.

En concreto, la empresa que solicite acceder al caso deberá tener una facturación anual similar a la de la remuneración que ofrece RTVE por los servicios prestados. Además, su equipo debe contar con un abogado con una experiencia profesional mínima demostrable de 10 años en llevanza de asuntos administrativos y procesales ante la jurisdicción contenciosa administrativa; otro profesional como ejerciente con una experiencia profesional mínima demostrable de 5 años en llevanza de asuntos administrativos y procesales ante la jurisdicción contenciosa administrativa y un colegiado como ejerciente con una experiencia profesional mínima demostrable de 10 años en llevanza de asuntos de derecho de la seguridad social y procesales ante la jurisdicción social.