El Ayuntamiento mantendrá la externalización del servicio de retirada de vehículos y la ORA, cuyo contrato terminaba el próximo 22 de mayo. Los servicios de retirada, inmovilización y depósito de vehículos (ORA) concluía en tres meses tras diez años de vigencia, aunque prácticamente tres de estos años han sido a través de prórrogas —una de ellas, de 204 días por la pandemia— al contrato. Este lunes, la Comisión de Servicios ha dado el visto bueno a mantener el mismo sistema de control en la zona azul que el que hay actualmente, como había propuesto la Concejalía de Movilidad Urbana.
La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP (14) y Vox (4), la abstención del PSOE (8) y los votos en contra de Compromís (2) y EU-Podemos (1). Ahora, el acuerdo queda pendiente de debate y aprobación definitiva en el próximo Pleno, que se celebra este jueves, 29 de febrero.
Desde el gobierno local han defendido su propuesta para mantener el actual modelo con base en un estudio en el que se acredita «la conveniencia para los intereses públicos municipales por razones de eficiencia, sostenibilidad y calidad, de mantener la gestión indirecta, como forma de gestión de los servicios públicos ORA-Grúa», según ha explicado el propio Ayuntamiento.
En el informe no solo se aboga por mantener el servicio con gestión indirecta, sino que también se recoge la petición de la Concejalía de Economía y Hacienda que aboga por un incremento de la tasa de la retirada de vehículos para cuadrar las cuentas. «Es evidente que, según el estudio de la consultoría externa, del análisis efectuado se deduce que la opción más ventajosa es la gestión indirecta. No obstante, deberían adoptarse las medidas oportunas, como inversiones y medios necesarios, así como la posibilidad de revisión de las tarifas de tal forma que el servicio de retirada de vehículos no ofreciera resultados tan negativos y que los ingresos tendieran a aproximarse al coste del servicio«, añade el informe económico.
Actualmente, según la ordenanza municipal, el iniciado del desplazamiento de la grúa o los trabajos necesarios para el traslado suponen un coste de entre 51,81 y 159,14 euros, en función del tipo de vehículo. Cuando se realiza el servicio completo, trasladando el vehículo infractor hasta los depósitos municipales, el coste se incrementa en 53,05 euros. Además, el almacenaje diario de vehículos supone un añadido de entre 10,61 y 31,83 euros al día.
Reacciones
Los tres grupos de la izquierda han manifestado sus dudas al respecto. Desde el PSOE han criticado que el informe presentado por el Ayuntamiento utiliza datos de 2019: «No se ha hecho un estudio económico serio para poder tomar decisiones con rigor, por lo que no contamos con todos los datos para poder hacer una valoración real», ha indicado la portavoz socialista, Ana Barceló.
En este sentido, considera que la propuesta se basa en datos anteriores a la pandemia, y subraya que desde entonces la movilidad ha variado de manera notable. Barceló ha enumerado aspectos que habrá que tener en cuenta en la futura prestación del servicio, como «la exención o bonificación para vehículos eléctricos o de bajas emisiones, una posible reorganización de plazas o incremento de la zona azul en nuevas zonas, así como la introducción de nuevos sistemas de control con vehículos equipados con nuevas tecnologías cómo cámaras o lector de matrículas».
Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha justificado su voto en contra argumentando varios motivos: «Entendemos que este servicio debe ser público, para que los beneficios que genere este servicio no vayan a una empresa determinada, sino que se revierta directamente a la ciudadanía e, incluso, bajar la tasa por el arrastre de la grúa. Además, hemos adoptado un acuerdo cuando las ordenanzas no están actualizadas. Por otro lado, las competencias de los municipios en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad son una competencia propia, y se lleva a pleno solo tres meses antes de la expiración del contrato», lamenta el representante de la formación valencianista.
Desde EU-Podemos han enfatizado que el servicio debe de ser público. Su concejal, Manolo Copé, ha expresado que «el único criterio no puede ni debe ser el económico, al que aluden la mayoría de informes presentados» y ha subrayado que «se deberían haber hecho estudios comparativos con ciudades de tamaño similar al nuestro para poder valorar la gestión en ciudades que gestionan directamente estos servicios».
