La dimisión que la dirección del PSOE ha reclamado al exministro José Luis Ábalos tras el escándalo de su asesor haría correr la lista al Congreso del PSOE por Valencia. Y la agraciada sería la alcaldesa de Llaurí (Ribera Baixa), Anna María González Herdaro, que iba como número 7 en las pasadas elecciones.
La alcaldesa fue noticia hace casi tres años tras vivir un juicio rápido. Tal como contó este diario, la dirigente aceptó una pena de 960 euros de multa y ocho meses de retirada del permiso de conducir en un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Tras conocer la decisión judicial, el PSPV decidió abrir un expediente «para analizar lo sucedido en este caso y valorar las posibles repercusiones».
González Herdaro admitió su responsabilidad ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia. De ahí que se le rebajara la pena inicial que solicitaba el fiscal, de 1.440 euros de multa y un año de privación del derecho a conducir vehículos a motor.
Según los hechos declarados probados en abril de 2021, la alcaldesa de Llaurí conducía por la Marina de Valencia «afectada por la ingestión precedente de bebidas alcohólicas, con la consiguiente merma de reflejos y pérdida de atención en la conducción».
Fuentes del partido en la dirección provincial señalaron que la alcaldesa de Llaurí ha cumplido. Pagó la multa, cumplió la condena, realizó un curso de formación vial y continuó con su carrera política que renovó la mayoría absoluta hace unos meses, recuerdan.
«No es excusa»
En su momento, la socialista reconoció los hechos y puntualizó que «eso no es excusa». Tras conocerse el alcance judicial de los hechos, el partido anunció una investigación interna: «Se iniciará un expediente informativo a raíz de los hechos ocurridos el pasado sábado en los que se vio involucrada la alcaldesa de Llaurí, Ana María González. El Partido Socialista inicia este trámite para analizar lo sucedido en este caso concreto y valorar las posibles repercusiones».
El PSPV manifestó su «firme compromiso con el cumplimiento de la legalidad en todas las circunstancias» y reivindicó que todas las personas «deben tener el mismo trato ante la ley». «En este sentido, y ante una situación complicada, el partido estudiará el caso desde el máximo respeto a la legalidad y la acción de la justicia», concluyó la formación.
