En un país con tanta presencia como Colombia, el narco ha sabido dejar su huella en la vida corriente del pueblo: la literatura, la política, el medioambiente… Lo que no se sabía es que clanes y cárteles han permeado incluso en la música que se produce en este país sudamericano. La semana pasada, un reportaje de InSight Crime revelaba que los grupos delincuentes colombianos utilizan conciertos y eventos musicales para lavar millones de dólares.

El caso más reciente involucra a Pedro Pablo Guzmán, alias ‘Pelomono’, capturado por la Policía colombiana durante un concierto en Necoclí, en la provincia norteña de Antioquia, a principios de enero. Guzmán es acusado de ser un miembro clave de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, y de usar su empresa de financiación y producción de eventos musicales como fachada para lavar dinero.

Las autoridades colombianas han desvelado que Guzmán, bajo el seudónimo de ‘Pelomono’, no solo era un narcotraficante de alto rango sino también un prominente miembro de las AGC, organización criminal conocida por sus conexiones con el narcotráfico. Su empresa, encargada de financiar y producir eventos musicales en la región, se ha convertido en una fachada perfecta para ocultar sus actividades ilícitas.

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Según un funcionario de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la policía colombiana, Guzmán aprovechaba diversas actividades comerciales como fachada, incluyendo eventos musicales, para encubrir sus operaciones ilegales. La información sobre este caso se basa en la investigación de InSight Crime.

Esta estrategia combina bien con los datos que llegan de la industria musical latinoamericana, que según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica experimentó un crecimiento del 25,9% en sus ingresos en 2022. Colombia, con su auge de artistas reconocidos a nivel mundial y un aumento del 90% en la demanda de estudios de grabación en ciudades como Medellín, se ha convertido en un mercado importante para la música.

Esta creciente lucratividad ha llamado la atención de los cárteles de drogas que buscan lavar dinero a través de la industria del entretenimiento. Sergio Reyes Díaz, director de Infolaft Academy, una organización que ofrece capacitación en prevención de lavado de activos en América Latina, explica que la industria musical maneja grandes sumas de dinero, lo que la convierte en un objetivo para aquellos que buscan legalizar fondos ilícitos. «La industria musical se mueve mucho dinero y eso la hace vulnerable ante organizaciones criminales que buscan aprovechar su reconocimiento social, infiltrándola para justificar enormes cantidades de dinero ilícito», comenta Reyes.

Las organizaciones fachada son una de las estrategias preferidas por los grupos criminales para lavar dinero. En el caso de Pelomono, se revela que su empresa de financiación y producción de eventos musicales fue utilizada como un vehículo para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico. Este modus operandi no es nuevo en la industria musical colombiana, y otros casos han salido a la luz en investigaciones anteriores.

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En 2021, Jhon Fredy Zapata Garzón, alias ‘Messi’, líder de lavado de dinero para las AGC, utilizó estrategias similares. Financiaba grupos musicales y cantantes emergentes de reguetón y música popular a través de un entramado de empresas fachadas. La música, aparentemente ajena a la criminalidad, se convierte así en un medio para justificar la entrada de recursos ilícitos a la economía legal.

La realización de eventos también ha sido identificada como una vía para el lavado de dinero en la industria musical. La sobrefacturación, práctica común en este tipo de actividades, implica reportar ventas mayores a las reales para lavar recursos ilegales. Un ejemplo de ello es el caso de los socios de la empresa colombiana Total Conciertos en 2012, investigados por presuntamente lavar 30 millones de dólares de narcotraficantes a través de eventos, incluyendo conciertos de Vicente Fernández y partidos de Lionel Messi. Estos eventos son aprovechados para inflar las cifras reportadas, justificando así el ingreso de grandes sumas de dinero ilícito en el sistema financiero legal.