El exmilitar venezolano Ronald Ojeda, opositor al Gobierno de Nicolás Maduro y residente en Chile desde 2017, fue arrancado de su casa en Santiago por cuatro personas que se hicieron pasar por miembros de la Policía de Investigaciones (PDI). Se lo llevaron semidesnudo y nada se sabe de él desde hace 48 horas. El caso le ha explotado en las manos al Gobierno de izquierdas. El presidente Gabriel Boric suspendió las vacaciones y se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, el ministro de Exteriores, Alberto van Klaveren y el titular de Justicia, Luis Cordero para abordar un asunto que ha ganado una centralidad política inusitada. «Esto es un hecho de suma gravedad«, reconoció su portavoz, Camila Vallejo. La fiscalía ha tomado cartas en el asunto. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve dijo que no se descartaba ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.
«El caso preocupa por varias razones, entre ellas, porque dentro de las hipótesis que están sobre la mesa se encuentra la posibilidad de que el secuestro lo hayan cometido personas enviadas por el régimen de Maduro. Y también porque, de acuerdo a algunas versiones, Ojeda incluso habría sido sacado del país y ya estaría en Venezuela», señaló el diario ‘La Tercera’.
Vallejo informó de que el embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri, «está haciendo las gestiones para poder tener una conversación con el viceministro para las Américas de la Cancillería Venezolana. Tenemos contacto en todos los niveles, a nivel de Gobierno, policial y a través de las fiscalías correspondientes». El Palacio de Miraflores no hizo ningún comentario al respecto.
En Santiago, la fiscalía y la PDI desarrollan diligencias que, en principio, los llevarían a descartar que se trate de un secuestro para extorsionar porque no se ha reclamado dinero a la familia de Ojeda. El exmilitar, quien tenía un trabajo estable en el rubro de la seguridad en una oficina, tampoco había contraído deuda con prestamistas informales. De acuerdo con el diario ‘El Mercurio’ se está analizando el recorrido de vehículos que circularon la madrugada del miércoles por la autopista Costanera Norte de la capital, donde fue hallado Nissan Versa. En su interior se encontraron vestimentas y otros elementos falsos de la policía de investigación.
Pasado disidente
Antes de abandonar Chile, el exteniente había estado preso por el caso conocido en 2017 como ‘Espada de Dios’. Así se llamó un intento de alzamiento de algunos uniformados en el contexto de mayor conflictividad entre el madurismo y sus adversarios. Ojeda se fugó del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido en Caracas como Ramo Verde.
El exuniformado ha sido incluido recientemente en la lista de 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que fueron expulsados y degradados por supuesta «traición a la patria». A la vez, su nombre forma parte de los «criminales y terroristas» que habrían intentado atentar contra Maduro. Las investigaciones relacionadas con la llamada ‘Operación Brazalete Blanco’ han desatado una fuerte ola represiva que ha impactado no solo en las relaciones entre el Gobierno y la oposición, sino que modificaron el escenario político interno en medio de los preparativos de las elecciones presidenciales.
Reclamo regional
En este contexto, la expresidenta de Chile y exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Baechelet, estampó su firma junto con otros políticos y exministros de Exteriores latinoamericanos que pidieron «los mayores esfuerzos de los Gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que la tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide» en Venezuela. «La Mesa de Reflexión Latinoamericana rechaza y declara como un grave error político, con irradiaciones a toda la región, la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país y expulsar a quienes trabajan allí», señala sobre las recientes medidas del Gobierno.
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