La sola imputación de Koldo García Izaguirre por una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas en 2020 ya suponía un duro golpe a la reputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Pero las informaciones que indican que el propio ministro aconsejó a otros departamentos ministeriales y comunidades autónomas acudir a la empresa que presuntamente pagaba comisiones a una persona de su estricta confianza (se supone que a cambio de sus contactos) por suministrar mascarillas de precio y calidad cuestionadas pasa a convertir su posición en insostenible.
El acusado tuvo una relación estrecha con el actual diputado por Valencia cuando este simultaneaba los cargos de ministro y de secretario de organización del PSOE, hasta el punto de que se hablaba de García como «la sombra de Ábalos». Militante del PSOE en Navarra y concejal, lo conoció a través del actual secretario de organización socialista, el navarro Santos Cerdán. No tuvo nunca cargos relevantes y una vez en el Ministerio de Transportes su cargo era de asesor, pero fue beneficiado con un puesto de consejero de Renfe Mercancías mientras ejercía diversas funciones, desde asistente a chófer del ministro, más coherentes con sus inicios profesionales como guardia de seguridad que le valieron dos condenas por agresión.
La detención de García, puesto ayer en libertad con medidas cautelares, y los indicios sobre la implicación de Ábalos proyectan también una sombra de desconfianza sobre el propio partido socialista y el Gobierno, que hasta ahora han alardeado de la limpieza en su gestión. De hecho, en los casi seis años que lleva Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo solo había tropezado con la mancha del diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, en el caso Mediador. El caso del cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante el confinamiento, puede, de confirmarse, enturbiar esa imagen de integridad de la que se jacta el presidente. Si el hecho de que una empresa de perfil incierto tuviera acceso a los ministerios de Transportes e Interior y además extendiera sus ventas como una tela de araña por varias comunidades se debe a la proximidad de Koldo García a Ábalos, eso ya implicaría un grado de responsabilidad política. Y se vería agravado si la implicación del ministro fue proactiva, incluso si pudiese alegar, en el mejor de los casos, ignorancia y haber sido víctima de un abuso de confianza.
No resta ni un ápice de gravedad a la investigación judicial el hecho de que la trama de las mascarillas se haya levantado por una denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el PP de Madrid, probablemente como venganza a las acusaciones por el cobro de comisiones del hermano de la presidenta madrileña. Cualquier intento de enriquecerse a costa de la urgencia de las administraciones por conseguir material sanitario en el momento de mayor descontrol de la pandemia merece un reproche político y moral además de penal. Los socialistas no puede ampararse en la polarización existente entre los dos grandes partidos para eludir responsabilidades atrincherados en el «y tú más», sino colaborar con la justicia para que se esclarezca la verdad y asumir responsabilidades políticas y las que se deriven de las conclusiones judiciales. Tal vez Pedro Sánchez debería además explicar ahora más claramente si la inesperada destitución de Ábalos como ministro respondió a la existencia de alguna sospecha de comportamiento irregular, respecto a este caso u otros.
