La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que en campaña electoral y después de ella, ha hecho bandera de no empadronar a los inmigrantes en su localidad, ha empezado a aceptar algunas de las solicitudes de empadronamiento de recién llegados al municipio. Eso sí, sigue apurando al máximo los plazos legales –tres meses es el tope que marca la ley-, hecho que deja en un limbo a los nuevos vecinos. Es el caso de Mustapha Bouraada, un hombre que supera los 50 años, que trabaja en la fábrica de Tensió Téxtil y que transcurridos tres meses desde su solicitud, ha conseguido empadronarse en Ripoll. El hombre, que sufre dolor crónico, celebra que ya puede programar una primera visita con un médico.
Orriols apura los plazos máximos previstos por la ley y sigue dejando fuera a quienes no tienen contrato de alquiler
«Claro que estamos contentos pero… ¿era necesario tanto sufrimiento durante tres meses?», se queja Karim Bouraada, hijo de Mustapha. Tres meses después de iniciar el trámite para empadronarse en Ripoll, su solicitud ha sido aceptada. Esto le ha permitido tramitar la tarjeta sanitaria e ir al Centro de Atención Primaria para que un médico le pueda tratar el dolor de espalda y hombro que padece desde hace meses. «Por fin tenemos una cita. El 1 de marzo le hacen la primera ecografía en el hospital comarcal», cuenta el hijo entusiasmado. «Si no hubiérais informado explicando nuestra realidad no me hubieran empadronado», agradece el padre.
Cuando EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, denunció que denegaba el padrón, Orriols presumió de que cumplía su programa electoral
Cuando El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, denunció que Orriols estaba restringiendo el derecho al padrón, ella replicó en Twitter presumiendo de que «el titular debería ser que cumplo el programa electoral». En cualquier caso, la política de Orriols de dar marcha atrás a lo que antes prometió no es nueva. Ya lo hizo el pasado julio, cuando retiró la estelada del consistorio, pese a que había prometido que estaría colgada durante toda la legislatura.
El Arabi Barkahi, Imane Amzitti y su hijo Annas Barkahi, en la cocina de su piso en Ripoll, donde llevan más de dos meses esperando para empadronarse. / Jordi Otix
Orriols también ha admitido en el padrón a la esposa y el hijo de El Aarbi Barkah. «Ha tardado dos meses y diez días», cuenta el padre, que en noviembre ya aportó el contrato de alquiler del piso para empadronar a su familia. Según la Síndica de Greuges de Catalunya este trámite tenía que ser inmediato. El padre ya ha conseguido la tarjeta sanitaria de ambos. «Por fin», suspira. Ella necesita atención por un dolor de muelas mientras que el niño necesita el seguimiento pediátrico y ponerse al día con la tarjeta vacunal para poder participar en las actividades escolares y extraescolares.
La alcaldesa incumple la ley al denegar el padrón social a personas sin contrato de alquiler
Tambien la mujer y los dos hijos de Mohamed Katbach han logrado ser reconocidos como ciudadanos de Ripoll más de dos meses después de iniciar la solicitud. Esta familia también había aportado la documentación necesaria para que el trámite se hiciera de forma automática.
Vetados del padrón social
Sin embargo, decenas de familias de Ripoll siguen en espera para ser considerados ciudadanos de pleno derecho. Es el caso de los hijos de los venezolanos Luis Olivares y Nazareth Rebolledo. La familia vive en una buhardilla sin cédula de habitabilidad y, por lo tanto, sin contrato de alquiler. Liscandrys, de 15 años, y Arnaldo, de 13, llevan casi tres meses esperando a ser empadronados. A ellos no les dejaron ni siquiera iniciar el trámite, incumpliendo así la ley que prevé un padrón social sin domicilio fijo para estos casos.
Lo mismo les ha pasado a la colombiana Grays Dayana Prada y a sus dos hijos de 13 y 6 años. Llegaron en agosto a Ripoll pero el consistorio no les deja empadronar porque no tienen contrato de alquiler.
Jacabo, un niño de seis años que no ha podido ir al médico por no estar empadronado en Ripoll, juega en el suelo. / Jordi Otix
«Al menos podemos ir al médico y los niños ya van a la escuela», prosigue Rebolledo. Después de denunciar su caso en EL PERIÓDICO, esta familia se puso en contacto con la Cruz Roja e iniciaron con esta entidad la solicitud para obtener la tarjeta sanitaria. «Se acabaron los rezos y los tés para el dolor de muela de la niña. Con la tarjeta, ya nos han dado antibióticos y nos han mandado a hacerle una placa a Olot», agradece la madre al salir de la consulta. «Tampoco ha sido fácil. He tenido que insistir que la Cruz Roja nos estaba tramitando la tarjeta sanitaria», añade.
El CAP de Ripoll ha tramitado en apenas un mes una veintena de tarjetas sanitarias a personas sin padrón
La Conselleria de Salut inició una investigación en el CAP de Ripoll por negar la atención sanitaria universal. Antes de la publicación de los reportajes de EL PERIÓDICO, el ambulatorio había tramitado 4 tarjetas sanitarias a través del convenio con la Cruz Roja para enfermos vulnerables que no están empadronados. Hoy, apenas un mes después, son una veintena.
«Este convenio estaba pensado para las personas que no disponen de vivienda, como las personas sin hogar. Ahora la situación es distinta, son personas con vivienda a quienes el ayuntamiento no ha tramitado el padrón», explican fuentes de Salut en Girona, que, tras los reportajes de este diario, ha creado un nuevo circuito para dar tarjeta sanitaria a quien no está empadronado. «Está pensado para Ripoll pero es exportable en toda la región si hay ayuntamientos que retrasan la gestión del padrón», explican desde Salut.
Salut en Girona crea un nuevo circuito para facilitar el acceso a la tarjeta sanitaria a quienes no estén empadronados
A diferencia de otros centros, el ambulatorio de Ripoll no dispone de un trabajador social propio. Son dos empleadas del Consell Comarcal del Ripollès encargadas de la gente mayor quienes asumen esta tarea, en el marco del nuevo modelo de atención social y sanitaria del Govern. «Debería haber al menos un trabajador social encargado de estas funciones, tal y como consta en el decreto que elaboramos con la Conselleria de Salut, para que atienda a las familias con más dificultades y valore cada caso», lamenta Conchita Peña, presidenta del Col·legi de Treball Social de Catalunya. «Siempre se ha atendido a las personas sin padrón», aseguran desde Salut en Girona.
Luis Olivares, junto a su mujer Nazareth y sus hijos Liscandrys y Arnaldo, en una buharidilla donde viven en Ripoll. / JORDI OTIX
Esta semana, los hijos de Olivares, que llegaron a principios de diciembre a Catalunya, han sido escolarizados. La Conselleria d’Educació les ha asignado plaza en la escuela Vedruna, un centro concertado. «Nos han dicho que no nos preocupemos por el dinero, que nos van a ayudar y si somos una familia vulnerable no vamos a tener que pagar nada», explica el padre. La familia ha iniciado una solicitud para tramitar las becas comedor de los niños y bonos de alimentos. «El problema es que no podemos alquilar un piso ni tenerlo de alquiler social. No nos permiten empadronarnos sin domicilio fijo», insiste la madre.
Cuotas «improcedentes»
Las cuotas escolares también le han caído como una losa a Brahim Boubash. «Me hacen pagar 38 euros al mes por cada niño», explica el hombre mostrando los recibos de la escuela Salesians de Ripoll, el centro que les asignó Educació. «Yo no elegí esta escuela, me la dieron… no puedo pagar esto, yo quiero que los niños vayan a una escuela pública», implora el padre que aún no ha logrado empadronar a sus hijos. Esas son cuotas que no deben abonar familias vulnerables. Avisada por este diario, la Conselleria d’Educació ha advertido a este centro que el cobro de este importe es «improcedente» y ha requerido a la escuela que escolarice a estos alumnos sin coste.
Los hijos de Brahim Bounash y Fatima Boyzgarne no van a la escuela porque el ayuntamiento de Ripoll no permite empadronarles. / JORDI OTIX
Boubash sigue a la espera, dos meses después de iniciar el trámite, de poder empadronar a su mujer ni a sus tres hijos. «He vuelto a ir al ayuntamiento y me dicen que me tengo que esperar a que se cumplan los tres meses«, lamenta. Tampoco el británico Steve Cedar lo ha logrado aún, a pesar de que en diciembre ya aportó la escrituras del piso que se compró en la capital del Ripollès y que deberían permitirle ser empadronado al momento. Ha escrito cartas a la Síndica de Greuges y al Director General de Derechos Humanos de la Generalitat. «Estoy frustrado, es deprimente», se queja.
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