En la primavera de 2020, con España en estado de alarma por la pandemia, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, recomendó al Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que comprara mascarillas protectoras contra el covid a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, según ha podido saber La Provincia, del grupo Prensa Ibérica.
La recomendación de Ábalos prosperó. El Gobierno de Canarias cerró con urgencia en la primera semana de junio de ese año un primer acuerdo por 4,7 millones de euros con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una de las sociedades investigadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y vinculada a Koldo García Izaguirre -el principal asesor del entonces ministro Ábalos- detenido por corrupción en la operación Delorme.
El caso, que lleva la Fiscalía Anticorrupción bajo la tutela del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, indaga presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias en una trama que imputa al asesor del exministro por el presunto cobro de comisiones por contratos públicos por más de 50 millones de euros para la adquisición de mascarillas.
Las conversaciones entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Canarias durante el estado de alarma eran frecuentes. La interlocución directa entre Ángel Víctor Torres y José Luis Ábalos era casi diaria. Hablaban con frecuencia. Y se enviaban mensajes por teléfono. No era nada extraño. Esos días había que organizar la búsqueda de proveedores y preparar la logística para la compra, entrega y reparto de material sanitario. No era nada fácil. Escaseaban las mascarillas y se buscaba con desesperación contactos fiables y proveedores internacionales con garantías, sobre todo en China.
Por lo tanto, en esas circunstancias en nada inquietó al Gobierno de Canarias que Ábalos, en aquellas semanas de emergencia sanitaria, aconsejara acudir a un proveedor: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Se actuó como si fuera un mediador fiable. Venía directamente desde el Ministerio. No había tiempo para comprobar el historial mercantil de la sociedad, con domicilio social en Zaragoza, pero integrada en un conglomerado empresarial de empresas opacas ubicadas en paraísos fiscales.
Ábalos no solo era ministro, sino también secretario de organización del PSOE. Al igual que Torres, que ocupaba un cargo ejecutivo, la presidencia del Gobierno de Canarias, pero también uno organizativo: la secretaría general del Partido Socialista en Canarias. Ambos se conocían y trataban antes de llegar, uno, al Gobierno de España y, el otro, al de Canarias. Había lealtad, confianza y camaradería. Ábalos acudió a la toma de posesión de Torres como presidente del Gobierno canario en julio de 2019. En las Islas se le veía como el “ministro canario”, como mejor interlocutor que Carolina Darias, ahora alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y entonces ministra de Administraciones Públicas.
Ángel Víctor Torres estuvo informado de que la operación de compraventa de mascarillas por 4,7 millones de euros se iba a cerrar con la sociedad avalada por el ministro de Transportes. La orden de pago de las facturas la firmó el 7 de junio el entonces consejero de Sanidad de Canarias, Julio Pérez, exsecretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Zapatero.
El entonces director general del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, ahora jefe de gabinete del ministro Torres, estaba también al tanto de la compraventa. La orden de abono la tenía que firmar Julio Pérez porque los pagos superiores a dos millones de euros –y ésta con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas doblaba el límite autorizado- ya no podían pasar por el director del Servicio Canario de Salud si no por el consejero de Sanidad.
La gestión de Ábalos en Canarias a favor de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas no fue excepcional. Al menos consta que también se la aconsejó a su compañero de Gobierno y ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En una respuesta parlamentaria en 2020 Marlaska admitió que acudió a un proveedor de confianza del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana para justificar el pago de 3,5 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para la compra de material sanitario y equipos de protección. «Como primeras empresas de contacto y debido a la urgencia de la situación, se contactó con las empresas contratantes con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», consta en la contestación de Marlaska.
Ángel Víctor Torres está preocupado. No porque haya pruebas o indicios del pago de sobornos en Canarias a la trama de corrupción del asesor de Ábalos –es evidente que al ministro no le consta ningún “mordida” ni por el momento hay detenidos ni investigados en las Islas- pero se siente víctima de un abuso de confianza, de que se explotara su amistad con Ábalos para en unas circunstancias tan dolorosas y extraordinarias como las de la pandemia hubiera quienes se aprovecharon de los contactos políticos e institucionales en el Ministerio para lucrarse.
«Al margen o junto a lo que es la supuesta ilegalidad, está el hecho de que se hacía en un momento tremendamente difícil en el que estábamos luchando para salvar vidas», ha explicado Torres, quien se ha ofrecido a colaborar con la investigación judicial. «Que la Justicia haga su trabajo y que llegue hasta las últimas consecuencias. Y si finalmente ha habido alguien que se haya lucrado de manera irregular o alguien sabía que alguien se estaba lucrando de manera irregular, que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas».
En un primer envío Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas cerró con Canarias un pago de 4,7 millones de euros, pero en sucesivos encargos y lotes posteriores los servicios sanitarios de las Islas abonaron a la sociedad implicada en la trama de corrupción 12 millones por 2,7 millones de mascarillas en procesos administrativos afeados por la Audiencia de Cuentas, el máximo órgano de fiscalización de la comunidad autónoma, al entender que se saltaron procedimientos de control y garantías en la contratación pública.
Parte del material que envió Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas a Canarias no era el solicitado. 837.000 mascarillas no eran FFPII, como se había pedido. Había que devolver 2,09 millones de euros, pero el Servicio Canario de Salud optó por dar una segunda oportunidad al proveedor para que suministrara las mascarillas demandadas. En febrero de 2021 se entregó el material después de negociar con la empresa un nuevo lote, en un trámite administrativo polémico sobre el precio por mascarilla, que había variado en el mercado internacional a la baja, desde el encargo inicial a la entrega final meses después.
Pese a esos quebraderos de cabeza y las posteriores investigaciones judiciales por las adquisiciones de material sanitario durante la pandemia –la fiscalía europea indaga aún el denominado caso mascarillas por el que el Servicio Canario de Salud abonó cuatro millones de euros por un material que nunca fue entregado- Torres sostiene que se obró correctamente en la gestión de la pandemia .
