La Operación Delorme está en marcha. Como ya ha avanzado este periódico, la Guardia Civil ha detenido al menos a 20 personas por formar una presunta trama de corrupción que aprovechó la pandemia de Covid-19 para hacer negocios fraudulentos con la venta al sector público de material sanitario. Entre los detenidos está Koldo García Izaguirre, asistente por aquellos años del exministro José Luis Ábalos.
Las claves descansan en la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, que tiene su base en Zaragoza. Esta pequeña pyme, relacionada con García Izaguirre, disparó su facturación en 2020 y 2021 gracias a la contratación pública. Una contratación que no sólo se hizo a través del Estado, sino también a través de comunidades autónomas de signo socialista.
Tanto en 2020 como en 2021, Canarias y Baleares, bajo las presidencias de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, contrataron los servicios de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas para la obtención de material de protección sanitaria. De los 56,3 millones de euros ‘públicos’ que esta entidad recibió, casi 16 millones tenían origen autonómico.
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El Gobierno de Canarias ha sido el que ha llegado a las cantidades más elevadas. En los años citados, se gastaron 12,2 millones de euros en material sanitario (principalmente mascarillas) y servicios de transporte y fletes aéreos para él. Todo provisto por la empresa vinculada con el asesor de Ábalos y contratado por el Servicio Canario de Salud (SCS).
Los contratos más cuantiosos son de 2021, y suman casi 10 millones de euros. Sea por casualidad o no, ya por entonces Conrado Domínguez era director general del Servicio Canario de Salud Cabe recordar que este gestor ha sido vinculado por las autoridades con el Caso Mediador. Otra trama relacionada con delitos cometidos en la contratación pública en Canarias.
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Por otro lado, están los contratos de Baleares con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, concretamente con el Servicios de Salud del archipiélago. Ambos se firmaron en 2020 y superaron los 3,7 millones de euros.
Llama la atención que en ambos (los dos por mascarillas) hay cofinanciación de fondos del Fondo Europeo de Financiación Regional (FEDER).
Sin embargo, el primero de ellos llamó la atención de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Islas Baleares, que lo incluyó en un informe respecto a estas cuestiones. En él, este órgano alerta de que la empresa vinculada a Koldo García no tenía experiencia en contratos sanitarios.
Además de la falta de contratos, el informe elaborado por el organismo anticorrupción también destaca que el objeto social de la empresa nada tiene que ver con el ámbito sanitario, sino con la construcción y derribo de edificaciones.
Al organismo también le llama la atención que hay dos pagos del servicio sanitario balear. Uno de ellos es por la mascarilla y otro es de trámites aduaneros. Según el escrito de alegaciones de la propia empresa, la compañía se puso en contacto con el servicio sanitario para avisar de que habían fletado un avión repleto de mascarillas y que «si estaban interesados, ellos se encargaban del transporte hasta Palma», pero que servicio sanitario «debía hacerse cargo del gasto del flete y el transporte de Madrid hasta Palma».
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