El Congreso insta al Gobierno a impulsar la reducción de vuelos cortos con alternativa de 2,5 horas en tren «salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales», según una Proposición No de Ley (PNL) aprobada con 19 votos a favor y 17 en contra en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico celebrada esta tarde.
La iniciativa original de Sumar pretendía instar al Gobierno a «elaborar un informe que analice la reducción de emisiones que supondría impulsar la reducción de los vuelos de corto recorrido con alternativa ferroviaria de 3 horas, identificando todos los demás impactos que tendría esta medida», pero tras una enmienda del PSOE se ha reconvertido a «impulsar la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor a 2,5 horas, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales».
Es la misma redacción que se había incluido en el acuerdo programático de Gobierno entre PSOE y Sumar y en la práctica deja sin efecto, a tenor de lo que el partido de Yolanda Díaz había incluido en la exposición de motivos de la iniciativa: «En España hay varios vuelos diarios entre
, que tienen una ruta alternativa en tren de alta velocidad que ronda las 3 horas». Es decir, cualquier vuelo que pudiera ser sustituido por tren pasaría por la capital, Madrid, que es el aeropuerto más grande y sirve de enlace en las rutas a otros países.
«La reducción de vuelos de corta distancia es una medida que se va extendiendo en toda Europa: países como Austria, Holanda, Bélgica, Suecia o recientemente Francia, han prescindido de los vuelos que recorren distancias menores a 400 kilómetros o que tienen una alternativa ferroviaria de 2,5 horas», defiende Sumar en la citada exposición de motivos en la que justifica la medida por razones climáticas, al hacer responsable a la aviación de «entre el 5-8% del impacto climático global», pero también la salud, ya que cada año «fallecen prematuramente 25.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire», según la Agencia Europea de Medio Ambiente.
El portavoz del partido socialista, Arnau Ramírez, había defendido durante su intervención que «el transporte aéreo contamina más que el tren», pero que no harían «nada» que afecte al turismo, «uno de los ámbitos que más puestos de trabajo y riqueza genera», ni tampoco «los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla» que «viven con mucha dependencia del transporte aéreo». «No vamos a hacer nada que no plantee alternativas. Para suprimir según qué vuelos cortos es imprescindible que haya una red ferroviaria a la altura», ha añadido Ramírez, quien ha añadido que su partido no solo es favorable a la supresión de vuelos, «sino también en el desarrollo y explotación de métodos y combustibles que se puedan usar para sustituir el queroseno y contaminar menos».
Además, de esta medida, la iniciativa aprobada también plantea «analizar la directiva que se está elaborando en el ámbito de la Comisión Europea sobre la fiscalidad de los productos energéticos», en esta iniciativa se encuentra el debate sobre el impuesto al queroseno para la aviación; «analizar las iniciativas europeas relativas a la restricción de los vuelos de los jets privados» y «continuar impulsando la iniciativa ‘Cielo Único Europeo’ como medida de impacto en la reducción de emisiones de la aviación comercial».
Partido Popular y Vox se han opuesto a cualquier prohibición o reducción de vuelos cortos. El portavoz del Partido Popular, Guillermo Mariscal, ha recordado que según el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos la propuesta de prohibir vuelos cortos suponía una reducción de emisiones del 0,06% nacional. «El 60% o el 70% de los pasajeros que se desplazan a Madrid desde diferentes provincias no lo hacen para quedarse en Madrid, sino para desplazarse a otro lugar. Si en España se decide que entre Málaga o Madrid o Alicante o Madrid no utilizarían Madrid como escala, sino que utilizarían otros aeropuertos. No reduciríamos las emisiones ni tampoco contribuiríamos a mejorar la economía del país», ha defendido Mariscal. Por su parte, Patricia Rueda, de Vox ha asegurado que «esta iniciativa es más de lo mismo: prohibiciones, subidas de impuestos, hacernos menos competitivos y más pobreza». «No son quienes en nombre del fanatismo climático para decirnos como debemos movernos por nuestro entorno (…) No creo que quiera que nos volvamos a desplazar en burro», ha concluido.
