El incendio que provocó la muerte de tres mujeres en la residencia de mayores Juan XXIII de Aravaca (Madrid) ha creado una tormenta política en torno a la responsabilidad del accidente en un momento en el que el recuerdo por lo sucedido en las residencias de ancianos durante la pandemia despertaba de nuevo. Por segundo día consecutivo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que salir a defender en público su gestión en torno a estos centros frente a lo que considera ataques «excéntricos» de la izquierda. Pero con un matiz. Esta vez, la Comunidad de Madrid rehúye toda responsabilidad porque considera que fue un accidente, pero sobre todo porque entiende que las deficiencias antiincendios son cosa del Ayuntamiento. Algo que en Cibeles niegan rotundamente.
Los equipos de uno y otro lado trasladan la pelota al tejado contrario o, al menos, eximen de culpa el propio. «Los certificados antiincendios y salidas de emergencia son competencia del Ayuntamiento. Nosotros (Comunidad de Madrid) certificamos el servicio, profesionales, ratios, etc.», explican fuentes del Gobierno regional. Pero esa puerta se cierra cuando se toca en Cibeles: «Este tipo de inspecciones no son competencia del Ayuntamiento de Madrid«.
La documentación a la que ha tenido acceso este diario, donde se recoge lo que dicen las actas de la Policía Municipal, apunta que los agentes se encontraron con varias deficiencias en el sistema de emergencias. Por un lado, la puerta de emergencias de la primera planta que daba acceso al exterior se encontraba «bloqueada» en el momento del incendio, y lo mismo ocurría con la puerta de salida a la terraza. A eso se suma que las «luces de emergencia» no existían en ninguna estancia y que «el pulsador de alarma de incendios» no emitía «señal luminosa ni acústica». Junto a esto, los bomberos que acudieron a la residencia se encontraron con que la boca de incendios no estaba conectada a la corriente eléctrica y no tenía presión para sofocar el fuego.
En la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales señalan que sus inspectores se personaron en el lugar «el mismo día del incendio» para «requerir la documentación de la empresa titular» gestora, pero reconocen que en las inspecciones que se realizaron en abril y agosto el centro tenía «en vigor el certificado anual de una empresa habilitada, que actualmente sigue en vigor, de mantenimiento de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, fechado el 13 de abril de 2023». Explican que este documento certifica que se revisó «el grupo de presión contra incendios, el sistema de detección – alarma de incendios, las bocas de agua, la señalización de los medios de protección contra incendios, de evacuación y de salida, y la revisión de los extintores de incendios». Pero lo que matizan desde el Gobierno regional es que ellos solo confirman que ese documento existe y está en regla, porque quien lo elabora es el Ayuntamiento: «La licencia de actividad la dan ellos y está sujeta a estas inspecciones».
Choque entre el Gobierno y Ayuso
En cualquier caso, el accidente está bajo investigación policial y será un juez quien determine si hubo alguna responsabilidad y de quién. Lo ocurrido ha provocado la reacción de la oposición, donde apuntan tanto a Ayuso como a Almeida de «negligencia». Pero también la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha ido al choque, en su caso solo con Ayuso: «Lo cierto y verdad es que lo que hemos conocido hasta ahora de la gestión de la señora Ayuso en materia de residencias es que el patrón ha sido siempre el mismo: abandono, errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía».
La respuesta de Sol no se ha hecho esperar, tachando de «brutalidad» lo dicho por la portavoz y advirtiendo de que le acusan «de responsabilidades que no son suyas». La propia presidenta contestaba a través de X, antes Twitter, las «insólitas declaraciones» de Alegría: «Están echados al monte. Son inhumanos y excéntricos». También este lunes Ayuso reivindicaba su gestión de las residencias en pandemia y acusaba a la izquierda de estar en una «carrera hacia la excentricidad» por acusarla de nuevo de usar los llamados protocolos de la vergüenza y por pedir que se investiguen los fallecimientos de las residencias de Madrid y no en otras regiones: «Están a punto de acusarnos de genocidio y no lo voy a tolerar».
La oposición apunta en doble dirección
En la oposición muestran sus dudas acerca de la responsabilidad por el plan de emergencias, pero no por eso dejan de apuntar a Ayuso porque «36 de las 40 plazas» de la residencia Juan XXIII son concertadas y están bajo vigilancia de la Comunidad. Más Madrid ha pedido ya la comparecencia de la consejera y en el Ayuntamiento Rita Maestre ha exigido explicaciones a Almeida y a su número dos, Inma Sanz, encargada del Área de Seguridad y Emergencia. La Comunidad «no hace las inspecciones (de emergencia), pero pueden rescindir conciertos si se incumple la normativa», sentencian en el partido líder de la oposición.
En el PSOE, en cambio, están convencidos de que las inspecciones del Gobierno regional deben incluir una revisión del plan de emergencias, por eso su portavoz Juan Lobato, pidió ya el lunes toda la documentación que tiene la Comunidad al respecto. Este jueves en la Asamblea preguntarán a la consejera por esta cuestión, igual que Más Madrid, y ambos sacarán el asunto en su control a la presidenta.
Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, asociación que defiende los derechos de los residentes en estos centros de mayores, entiende que el Plan de Contingencia por Emergencias del Acuerdo Marco de 2021 compromete a la Comunidad en este caso. No contempla, dice, que se hiciera «pensando en las pandemias» y no incluyera otras casuísticas básicas como los incendios, «sería absurdo».
