No hay delito y todo se resume en una irregularidad administrativa. Un juzgado de instrucción de Palma ha dado carpetazo a la denuncia contra el agente de la Policía Local, que durante años se ha venido dedicando a alquilar viviendas, de muy escasa superficie, que carecen de las mínimas medidas de salubridad. Ni el juez, ni tampoco la fiscalía, han considerado que el funcionario de Palma no cometió ninguno de los delitos por los que fue imputado. Y es que no se ha apreciado ni el más mínimo indicio de delito de favorecimiento a la inmigración ilegal, ni tampoco estafa, como apuntaba la investigación policial. Por tanto, según han confirmado fuentes jurídicas, la denuncia ha quedado archivada, con independencia de las actuaciones administrativas que se puedan emprender contra el policía local, pero que están al margen de cualquier actuación de índole penal.
Dos millones de multa
De hecho, el agente, que sigue trabajando en su puesto, fue informado hace varias semanas de la decisión de la conselleria de Vivienda, que anunció que le había impuesto una sanción económica de dos millones de euros, al detectar múltiples irregularidades en el alquiler de estos espacios donde viven numerosas familias. Este agente se encarga del alquiler y de la administración de unas instalaciones situadas en Palma, que antiguamente fueron las habitaciones de un hotel donde dormían los empleados. Este negocio se cerró hace años y estas habitaciones se convirtieron en viviendas fijas para familias con escasos recursos económicos. El espacio habitable es de entre ocho y doce metros cuadrados. En algunas de estas habitaciones viven familias y hay personas que llevan años residiendo en este edificio, aunque las condiciones no sean las más adecuadas por la falta de luz natural y de ventilación.
Hacía más de una década que se sabía en el cuartel de Sant Ferran que este policía se dedicaba a este negocio inmobiliario y no se adoptó ninguna medida. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, tras una serie de denuncias, la Policía Nacional realizó una inspección del edificio y comprobó que en estas viviendas sin apenas condiciones estaban viviendo personas, muchas de ellas inmigrantes sin papeles. La sorpresa fue cuando se descubrió que la persona que formalizaba los contratos era un policía local. El edificio pertenecía a su familia. Además, también se averiguó que en estas habitaciones se habían empadronado numerosos inmigrantes ilegales, por lo que se acusó al funcionario de favorecer dicha actividad. También se le acusó de cobrar de más por el consumo de electricidad.
Estas viviendas, en las que a día de hoy todavía están residiendo muchas personas, se están alquilando a un precio muy por debajo del mercado. Los inquilinos están pagando entre 350 a 400 euros mensuales. Las habitaciones disponen de una cama y un baño individual. La mayoría están situadas en un sótano. No les da la luz directa a ninguna de ellas. La luz entra por una pequeña ventana, que da al pasillo subterráneo.
Sobre la supuesta estafa, el agente justificó que pactaba un determinado consumo con el inquilino y que si sobrepasaba dicho límite, le hacía pagar la diferencia. Insistió ante el juez no se enriquecía con estos cobros, que eran muy reducidos. También negó que tuviera conocimiento de que varios de sus inquilinos hubieran aprovechado el contrato de alquiler para empadronar a inmigrantes .
Las explicaciones del policía local han convencido tanto al juez, como al fiscal, que han llegado a la conclusión de que no hay delito, ni el de favorecimiento a la inmigración, ni tampoco la estafa.
Esta decisión judicial ha sido notificada al afectado, cuyo problema se centra ahora en la multa, que puede ser recurrida ante los tribunales.
