Las autoridades suizas han dejado en suspenso su respuesta a la última comisión rogatoria cursada por el juez Manuel García Castellón a Suiza en relación con el procedimiento que tiene abierto por terrorismo contra Tsunami Democrátic. Y lo hacen porque dicen tener dudas sobre si pueden o no responder al magistrado, de tal forma que consideran necesario que les amplíe información para determinar si su petición «tiene un carácter político», lo que les impediría cumplimentar la petición de ayuda internacional cursada.
Sí. Suiza ya se negó en 2020 a ofrecer información a la Audiencia Nacional para aclarar quién estaba detrás de la plataforma Tsunami Democràtic porque, a su entender, su acción se enmarcaba en «un delito político». Se trataba de una respuesta muy similar a la que en su día ofreció un portavoz suizo ante una hipotética reclamación de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel por el ‘procés’, y, por tanto, extrapolable a una hipotética reclamación relativa al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
En aquella ocasión el juez requirió información el 3 de diciembre del 2019, al poco tiempo de iniciarse las pesquisas, y se recibió la contestación el 26 de marzo del 2020. Entre los datos que el magistrado requirió figuraban los nombres de los titulares de una cuenta corriente en el CIM Banque vinculada al Tsunami. El escrito de Suiza subrayaba que los hechos imputados al Tsunami están relacionados con manifestaciones de «desobediencia civil» contra «el poder central español», así como bloqueo de infraestructuras (el aeropuerto de Barcelona) y «perturbaciones» y actos de «propaganda a favor de la independencia de Catalunya». A su entender, según la legislación suiza, estas acciones serían un «delito político», lo que les impide, «sin dejarnos ninguna opción», a entregar información sobre la plataforma.
Ante la petición cursada el pasado noviembre, las autoridades suizas respondieron el pasado diciembre al Ministerio de Justicia, aunque no se ha sabido hasta este martes, que es cuando se ha dado traslado a la Audiencia NAcional, que lo principal es «verificar» si la petición de ayuda judicial «tiene un carácter político», lo que les «impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal».
Para ello en primer lugar preguntan por qué el magistrado «solicita el paradero» de Rovira «mediante asistencia judicial, cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial«. Tampoco dicen entiende qué finalidad se persigue con esta localización. La propio Rovira se personó voluntariamente en el juzgado unos días después y pidió que se renunciara a esta parte de la petición de ayuda internacional.
En un plano más general, las autoridades helvéticas añaden que «también desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, cardinal en el ámbito de la asistencia judicial mutua», deberían «saber la relación exacta entre Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria», en referencia al bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat y el intento en el madrileño de Barajas.
Los suizos consideran «importante destacar la implicación precisa» de Marta Rovira «en dichas manifestaciones, y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto».
Los suizos también necesitan consideran imprescindible para responder al juez García Castellón saber si la información sobre una cuenta bancaria por la que preguntaba el juez cumple los requisitos de proporcionalidad pertinentes. Para ellos dice que necesitan que el Juzgado Central de Instrucción número 6 explique «en primer lugar por qué se solicitan movimientos en la cuenta en cuestión hasta junio de 2020», cuando «los actos organizados en los respectivos aeropuertos de Barcelona y Madrid que supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta habían tenido lugar el 14 de octubre de 2019″, que fue el día que se conoció la sentencia del procés.
A diferencia de otras comisiones rogatorias, las autoridades suizas dicen haberse enterado por «la prensa de que en España se estaba preparando una ley de amnistía para varios separatistas catalanes«, por lo que agradecerían tanto al Ministerio de Justicia como al Juzgado Central de Instrucción número 6 que le «amplíen información al respecto».
En concreto, dice que «sería conveniente, entre otras cosas cuestiones», que se explicaran «las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra la señora Rovira, cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara».
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