MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana (ERC), Junts, PNV y BNG han reprochado a Sumar que plantee una proposición no de ley en el Congreso para reducir la jornada laboral cuando tienen el Ministerio de Trabajo y el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aunque varios socios han avanzado su apoyo a la propuesta de Sumar de abrir un proceso de diálogo social para situar la jornada laboral en 38,5 horas efectivas en 2024, han criticado que la formación de Yolanda Díaz presente un texto sin carácter legislativo sobre un asunto que, además, estaba incluido en el acuerdo de Gobierno con el PSOE.

«Flaco favor hacen a la ciudadanía cuando se pone en duda el cumplimiento de algunos acuerdos a los que han llegado», ha advertido la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, quien también cree que situar la jornada en 38,5 horas semanales como plantea Sumar «es un paso, pero tampoco la panacea» en términos de conciliación laboral.

De su lado, el portavoz de Trabajo de ERC en el Congreso, Jordi Salvador, ha defendido la reducción de la jornada porque «hace más de 100 años» que no se han acometido políticas en este sentido, pero ha incidido en que la proposición no de ley «se tiene que transformar en ley». También han criticado la PNL el diputado del BNG, Néstor Rego, y el de Junts, Josep Maria Cervera, quien ha tildado de «innecesaria» la propuesta.

Del lado del PSOE, María Luisa García Gurrutxaga se ha desmarcado de las críticas al formato de la PNL y ha defendido comenzar el proceso de diálogo social para reducir la jornada porque las 40 horas semanales fueron concebidas para «un mundo anterior».

«Son los agentes sociales en la mesa de diálogo los que deberían pactar estas condiciones de reducción de jornada», ha remachado la socialista.

PP Y VOX RECHAZAN LA MEDIDA

Tanto PP como Vox han avanzado su rechazo a la iniciativa por sus posibles efectos en el tejido productivo y el mercado laboral. El portavoz adjunto de Vox en la Comisión de Trabajo, David García, ha argumentado que la medida se quiere desarrollar sin tener en cuenta la realidad del sector empresarial español, al que el Gobierno está «destruyendo».

Por último, la portavoz del PP en la Comisión de Trabajo, María Isabel Prieto, ha tachado la medida como «intervencionista» porque «excede» de las competencias que tiene el Gobierno y no tiene en cuenta a las empresas.

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