“Tardamos dos minutos en ponernos de acuerdo”. La Junta de Andalucía trata de zanjar así la polémica suscitada este lunes, tras darse a conocer que su nuevo decreto de simplificación administrativa plantea una reforma de la Ley Forestal de Andalucía, y abre la puerta a la ampliación de suelo agrario en el entorno de Doñana. El Gobierno de Moreno trata de contener la primera gran crisis del ‘Pacto de Doñana’, solo tres meses después de la foto del acuerdo con la ministra Ribera, que ponía fin a los reproches mutuos por la gestión de los regadíos próximos al espacio natural.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que en la tarde de este lunes llamará a Juanma Moreno, «preocupada» y «sorprendida». Tras la anulación de la reunión programada para este martes del Ministerio con los principales actores sociales involucrados en el desarrollo del acuerdo, la Junta muestra su disposición a «buscar una fórmula para la redacción del artículo». «Ante cualquier duda que pueda suscitar esa redacción, confiamos en el diálogo y en el acuerdo, como hemos venido haciendo siempre, por lo que por parte del Gobierno de Andalucía no existe ningún problema en sentarnos con el Ministerio, escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo», insisten.
Esto plantea ahora al Ejecutivo andaluz un nuevo problema a sólo dos días del pleno del Parlamento en el que preveían convalidar la norma. Los decretos-ley, una vez publicado en el BOJA, no pueden modificarse. Llegados a este punto, fuentes del grupo parlamentario del PP-A aseguran que la medida se aprobará así, y que posteriormente se podrán tramitar los cambios acordados a través de un proyecto de ley. Tumbar este macrodecreto en este momento sería especialmente complejo, ya que de su aprobación dependen las reformas de 176 normas de una tacada.
Al grupo parlamentario socialista no le convencen los argumentos del Gobierno andaluz, que aseguran que el nuevo artículo es una trasposición de la ley forestal estatal. Aseguran que “son redacciones distintas” y se cuestionan por qué se cambia una norma de 2015 ahora y por qué se ha elegido esta vía “de urgencia”.
“Una legalización retroactiva de suelos agrarios”
Tal y como está en el decreto actual, la modificación exprés de la Ley Forestal de Andalucía conocida este lunes abre la puerta a la ampliación de suelo cultivable en Andalucía, también en el entorno de Doñana, como ha denunciado el PSOE-A y la organización ecologista WWF. Una vía interpretada por la vicepresidenta Teresa Ribera como “una legalización retroactiva de suelos agrarios”. Tesis que también apoyan los ecologistas.
Juanjo Carmona, de WWF, ha llegado más allá y ha hablado de una posible amnistía, “una inmoralidad” a su juicio. Según la organización, “con la excusa de la adaptación de la normativa andaluza a la estatal, este decreto-ley reduce la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana y, en un claro ejemplo de arbitrariedad, aplica la retroactividad a la misma, sin justificación técnica ni participación pública alguna”. SEO-Birdlife, por su parte, ha lamentado la paralización del Marco de Actuaciones para Doñana” ante las dudas generadas por este decreto-ley.