Canarias es la Comunidad Autónoma más y mejor preparada para afrontar la caída de los ingresos en 2025 por la reducción de las transferencias del Estado. Frente a la mayoría de las restantes regiones, las Islas se encuentran en situación de equilibrio estructural y tienen la deuda bajo control. De hecho son el único territorio de régimen común que puede presumir de cumplir esas dos condiciones establecidas en el artículo 135 de la Constitución: no caer en déficit estructural y no tener un endeudamiento superior al 13% de su Producto Interior Bruto (PIB). Solo Navarra y País Vasco, las dos comunidades forales, encaran el abismo fiscal de 2025 en tan envidiable condición. Por eso la preocupación en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias no está tanto en 2025 como en 2024. En conseguir que el Ejecutivo central acceda a flexibilizar la regla de gasto en favor de las autonomías que cumplan esos dos principios constitucionales. Si el Ministerio de Hacienda acepta la propuesta del Gobierno regional, el Archipiélago podrá exprimir sus recursos al máximo y no tendrá mayores dificultades para sacar adelante el ejercicio de 2025. El problema vendría si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no correspondiera a los esfuerzos que los sucesivos Gobiernos canarios, y los propios canarios, vienen haciendo desde 2012 por cumplir los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Los mismos principios que en otros territorios se saltaron a la torera.
En 2025 confluirán, para desgracia de los consejeros de Hacienda, dos factores: unas reglas fiscales más estrictas y la caída de los ingresos del sistema de financiación autonómica. Por un lado, las entregas a cuenta del sistema se reducirán en paralelo a la estabilización del PIB y de la recaudación pública –hinchada hasta máximos históricos por una inflación galopante–; y, por otro, en 2025 tocará liquidar el ejercicio de 2023. Hay que recordar que el sistema de financiación se liquida a dos años vista, de modo que las entregas a cuenta que las comunidades recibieron en 2023 se ajustarán en 2025, cuando el Estado transferirá los dineros pendientes –si es el caso–. Y ocurre que esa próxima liquidación ya no dejará incrementos tan extraordinarios como, sin ir más lejos, los de 2024. En definitiva, habrá menos recursos y habrá un mayor control presupuestario y financiero, lo que ha encendido las alarmas en los Gobiernos regionales, que temen asomarse a ese abismo fiscal. Eso sí, con una excepción: el Gobierno de Canarias, donde preocupa más este 2024, este ejercicio de transición, que el próximo 2025.
¿Qué sentido tiene aplicarle la regla de gasto a una comunidad cumplidora?
En cuanto a la vuelta al estricto control de los presupuestos y de las finanzas, la propia consejera de Hacienda, Matilde Asián, recuerda que las Islas ni tienen déficit estructural ni tienen una deuda excesiva, más bien al contrario. Y en cuanto a la más que previsible caída de los recursos del sistema de financiación, es algo que está asumido y que casi se da por descontado, pero también es algo con lo que Canarias puede lidiar sin mayores traumas gracias a su envidiable situación en términos de déficit/deuda siempre que la ministra María Jesús Montero levante el corsé de la regla de gasto. Es lo que en realidad tiene en vilo a la consejera: lograr que el Gobierno central exima del cumplimiento de la regla de gasto –que limita el incremento del gasto o la minoración de ingresos a un tope del 2,6%– a esas regiones que cumplen lo establecido en la Constitución. Máxime en un contexto en el que el Ejecutivo estatal sí ha accedido a peticiones en favor de comunidades, como Cataluña y la condonación de parte de su deuda, que han incumplido por sistema los principios del artículo 135 de la Carta Magna. Si se consigue la excepción de la regla de gasto –que es ley pero que no está blindada en la Constitución–, Canarias podrá emplear toda su recaudación por el IGIC –que está en máximos históricos– para los servicios públicos, por ejemplo. Podrá usar sus fondos en las políticas que considere oportunas sin tener que destinar el superávit, sí o sí y por imposición de la regla de gasto, a reducir una deuda que ya tiene más que controlada. Y esto, además, serviría de acicate para las demás autonomías, que verían cómo el rigor presupuestario y financiero tiene al fin premio.
«¿Qué necesidad hay de aplicarle la regla de gasto y de ponerle planes restrictivos y sancionadores a una comunidad que cumple con los requisitos de deuda y de equilibrio estructural de la Constitución Española?», explica Asián, que insiste en que la preocupación del Gobierno de Canarias está en eso y no tanto en un 2025 que, en cambio, sí trae en jaque a los consejeros de Hacienda de esos otros territorios con déficit y/o deuda disparados. «Por eso lo exigimos, porque creemos que es de sentido común», subraya.
