Cuatro años después de que el Gobierno prohibiera la venta a pérdidas —esto es: la venta por debajo del coste de producción, primero mediante decreto y después con la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria—, los inspectores del Ministerio de Agricultura han empezado a analizar con detalle su cumplimiento efectivo. Hasta ahora no ha habido ninguna sanción firme por este motivo, señalado durante mucho tiempo como uno de los grandes problemas del campo y entre los principales desencadenantes de las actuales protestas de los agricultores españoles.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio y encargada de velar por el buen funcionamiento de la cadena alimentaria, ha puesto un total de 195 sanciones desde enero de 2023 por valor de 641.398 euros.
Las publicadas con detalle de la empresa multada y la cuantía son solo las firmes «por vía administrativa o judicial», aclara el técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Álvaro Areta, «y graves o muy graves. Las leves no se publican». Aunque la ley de la cadena es de 2013, las multas solo son públicas desde el año pasado porque es a partir de la modificación de finales de 2021 cuando se hace obligatorio. Era una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones agrarias: si la gente sabe qué compañías llevan a cabo prácticas abusivas con los agricultores, puede decidir no comprar en ellas.
«Aunque las cuantías de las multas no parezcan cuantiosas, son importantes por el efecto disuasorio y el impacto que tienen en la reputación de las empresas», añaden desde el Ministerio.
La mayoría de las sanciones son por incumplir los plazos de pago o por no formalizar los contratos por escrito y se imponen a intermediarios, principalmente, o cadenas de supermercados. Pero nadie ha sido multado todavía por la destrucción de valor en la cadena, el término con el que la ley nombra la venta a pérdidas y la medida estrella del texto.
La norma establece que ningún eslabón (ni productor, ni intermediarios ni supermercados) puede vender sus productos por debajo de coste, salvo si son perecederos y están a punto de caducar. Se hizo para proteger a agricultores y ganaderos, muchas veces obligados a vender su producción al precio que les marca la industria. «Venimos de una época en la que los compradores ni siquiera eran capaces de reconocer que los agricultores tienen costes de producción. Es un cambio de cultura», añade Areta. «Necesitamos que se consolide la idea de que hay que comprar por encima de los costes».
Para acreditarlo, comprador y vendedor deben dejar por escrito en el contrato el coste de producción. Pero este método no es perfecto, porque el comprador puede imponer su precio. «Te ponen el contrato delante y te escriben: ‘el agricultor manifiesta que este precio cubre sus costes’. O ‘este precio cumple la ley'», cuenta José Ugarrio, técnico de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). «Es lo que pasa en zonas localizadas en las que hay muchos cultivos. Si tú no vendes, la industria puede ir a otro agricultor. Hay muchos vendiendo y muy pocos comprando».
Para evitar situaciones de abuso, el Ministerio de Agricultura se comprometió a reforzar la AICA y a publicar estudios de costes que permitieran a los inspectores detectar desajustes. Por ejemplo, si producir un litro de leche cuesta 0,33 euros y en un contrato pone que se ha vendido a menos, la inspección tiene un indicio para pedir más información y actuar.
El problema es que hacer esos estudios, que se encargan a universidades y consultoras, lleva su tiempo. Y que a veces, cuando se publican, ya están desactualizados. «Sucedió con el aceite de oliva», explica Javier Alejandre, técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Cuando empezaron a hacerse los estudios la situación era de sobreproducción; cuando se publicaron, la sequía ya estaba mermando las cosechas y disparando los precios. En los últimos cuatro años, el Ministerio solo ha publicado cinco de estos informes: cuatro sobre el aceite de oliva y uno sobre la leche.
Además, los estudios solo sirven como punto de partida. Si se formaliza una denuncia, el agricultor tiene que aportar sus propias pruebas. «Una cosa es que durante la negociación tú digas que tus costes son similares a los que dice el estudio y otra cosa que denuncies. Ahí tendrás que aportar pruebas de tus costes», continúa Alejandre. «No es sencillo, pero para eso estamos las organizaciones: para ayudar a la gente a llevar su contabilidad y poder presentar las denuncias».
Por un lado, las principales organizaciones agrarias están empezando a trabajar con sus asociados para formalizar denuncias a intermediarios abusivos incluyendo estudios de costes. Por otro, los propios inspectores de la AICA están analizando «las relaciones comerciales de las empresas con sus proveedores» para garantizar el cumplimiento de la ley, según confirmó esta semana el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Planas animó a las organizaciones a denunciar y a compartir dichos estudios para que el Ministerio los publique en su web. Los representantes de los agricultores animan, por su parte, al Ministerio a hacer inspecciones de oficio.
«Hasta ahora, en todas las denuncias que hemos analizado, el inspector solo necesitaba datos de la entidad inspeccionada. Miran la fecha de las facturas para ver si se cumplen los plazos de pago, miran si hay contratos o no», añade Alejandre, de UPA. «Pero para verificar si el precio está por encima de coste necesitas la intervención del vendedor. Si sabemos que el coste para producir un litro de leche está en 0,33 euros y a un afiliado mío se lo compran a menos, yo puedo denunciarlo. Pero si no aportamos más pruebas es solo un indicio. Podríamos estudiar los costes de producción de ese afiliado (el pienso, los trabajadores, la electricidad, el agua, el mantenimiento de las instalaciones…), dividirlo entre los litros de leche que produjo y presentarlo con la denuncia. Ya está empezando a denunciarse con esos detalles».
Todos estos avances se dan en el contexto de unas protestas que duran ya dos semanas y que se extenderán durante todo el mes de febrero. Los convocantes lograron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometiera en el Congreso a «fortalecer» la ley de la cadena. Agricultura elevará el rango de la AICA y la dotará de «más potencia de fuego», según fuentes del ministerio. En otras palabras: de mayores recursos y capacidad de control e inspección.
Denuncias anónimas
Desde UPA comprenden que las sanciones por venta a pérdidas hayan tardado y ven con buenos ojos los avances en materia inspectora. «Las leyes son el punto de partida para modificar conductas. Aquí había una forma de trabajar en la que el precio se fijaba al final y se iba trasladando hacia atrás a los productores. La ley establece principios claros, pero hay que darle un tiempo», considera Alejandre. «La AICA ha demostrado que funciona y tiene criterio. Antes te pagaban a 120 días y no pasaba nada; ahora, se sanciona. Vamos de lo fácil a lo más difícil».
Asaja cree, sin embargo, que los estudios —que suelen incluir horquillas de costes— deberían actualizarse con frecuencia y tenerse más en cuenta. «Hay que mejorar la ley, porque no ha solucionado nada y por eso la gente está en la calle. En la inmensa mayoría de los casos se está pagando por debajo del coste de producción, así que algo está fallando».
El Ministerio insta a organizaciones y agricultores a denunciar para poder actuar, pero este no deja de ser un tema sensible, uno de los motivos por los que la aplicación de la normativa no va especialmente rápido. «Tienes que denunciar a tu comprador», recalca Alejandre. «La ley dice que la AICA debe garantizar el anonimato. Hace falta que el sector tenga confianza, porque si se filtra que alguien ha denunciado a su cliente esta persona tiene un problema».
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