La ambición climática y la búsqueda de un entorno medio ambiental más sostenible han llegado para quedarse, pero desde que la cólera del campo alcanzara hace unas semanas el corazón de las instituciones europeas, con miles de tractores inundando las carreteras europeas, a la Comisión y a los Veintisiete no les ha quedado más remedio que escuchar el descontento de agricultores y ganaderos y responder con una batería de concesiones al enfado que generan las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC) y el Pacto Verde Europeo, que el sector agrario ve en parte como origen de su empobrecimiento.
Las quejas no son nuevas y la lista de reproches es larga. Desde la caída de ingresos por el impacto de la inflación en las ayudas hasta la competencia desleal de terceros países que exportan a la UE a precios más competitivos pero sin respetar la exigente regulación en materia de bienestar animal o de pesticidas que sí se les exige a los agricultores europeos, o la maraña de burocracia que están obligados a cumplir para recibir los subsidios. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, a cuatro meses de unas elecciones europeas en las que la extrema derecha podría dar la campanada y colocarse como tercera fuerza política en el Parlamento Europeo, cuando el Ejecutivo comunitario ha respondido a algunas de las demandas del campo y de la derecha que lleva tiempo reclamando una «pausa regulatoria» en el marco de la PAC y de toda la política relacionada con el pacto verde y la biodiversidad, ambas aprobadas con el aval de los gobiernos de los Veintisiete.
Pagos directos de la PAC
Lo primero que hizo Bruselas hace dos semanas fue anunciar la derogación de la obligación de mantener un 4% de las tierras cultivables en barbecho. Para recibir los pagos directos de la PAC -la última reforma entró en vigor el 1 de enero de 2023 y abarca el período hasta 2027- los agricultores están obligados a aplicar y respetar algunos criterios beneficiosos para el clima y el medio ambiente. Este principio de condicionalidad, que se introdujo con una reforma que incluye objetivos medioambientales más ambiciosos que nunca, se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE.
Uno de esos criterios obliga a dejar una pequeña porción de las tierras cultivables en barbecho o de zonas no productivas (setos, arboledas, estanques…), algo de lo que solo están exentos las explotaciones con menos de 10 hectáreas de tierras de cultivo. A partir de ahora, los agricultores podrán seguir recibiendo los subsidios si alcanzan al menos el 4% añadiendo no solo los barbechos y las zonas no productivas, sino también los cultivos intermedios sin productos fitosanitarios o fijadores de nitrógeno como las leguminosas (lentejas, guisantes…). Una medida de flexibilidad que estará vigente (de momento) este año y que responde las peticiones de muchos gobiernos y, sobre todo, a la presión de los agricultores.
«Refleja las circunstancias extraordinarias a las que se enfrenta nuestra comunidad agrícola y demuestra que la Comisión está escuchando y respondiendo a estas necesidades en tiempo real», ha dicho en los últimos días el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, cuya dimisión han pedido organizaciones como Asaja. Según datos de la Comisión Europea, el 32% de la financiación total de la PAC está destinada, tras la reforma aprobada en 2021 y que entró en vigor en 2023, a generar beneficios para el clima, el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y el bienestar animal, y a fomentar prácticas que vayan más allá de la condicionalidad obligatoria.
Políticas medioambientales
La derogación del 4% de barbecho no ha sido el único gesto que ha salido de los pasillos de la Comisión en los últimos días. El Ejecutivo comunitario también ha decidido dar marcha atrás en otra polémica propuesta destinada a reducir a la mitad el uso de pesticidas. Se trata de uno de los elementos estrella del Pacto Verde Europeo, el conjunto de medidas con el que la UE aspira a avanzar hacia la sostenibilidad, y que se ha topado con un muro tanto en el sector agrícola como en el Parlamento Europeo, que la rechazó a finales de noviembre. La presión del campo también ha llevado a Bruselas en los últimos días a renunciar a pedir recortes de emisiones para el sector agrícola. Pequeñas grandes victorias que al sector agrícola europea le saben todavía a poco. Quieren mucho más: poner en barbecho cualquier legislación europea que afecte a los agricultores, incluida la contestada ley de restauración de la naturaleza, cuya tramitación continúa en marcha con vistas a su aprobación esta legislatura, cláusulas espejo en los futuros acuerdos comerciales con terceros países (como el que se negocia con Mercosur) de forma que se les exija el cumplimiento de las mismas normas, y más controles a las importaciones.
Los gobiernos central y autonómico
Mientras tanto, ya en la esfera española, el Gobierno central no cesado de recordar, desde que empezaron las movilizaciones, los 4.000 millones de euros que en los dos últimos años ha destinado al campo y los 1.300 millones que se han distribuido en ayudas directas a los agricultores en 2023. Tras dos semanas de tractores en las carreteras y ante la posibilidad de que pasen otras dos semanas con más movilizaciones, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha salido esta semana con una propuesta de 18 puntos de mejora, entre los que destaca la creación de una nueva agencia para controlar los precios de los alimentos y el carácter voluntario del polémico cuaderno digital, una herramienta que España ha diseñado con
La Generalitat, por su parte, ha anunciado también esta semana que aplazará la puesta en marcha de cualquier nuevo trámite que dependa de su Administración para que no suponga una mayor sobrecarga para los payeses y mientras no se active la ventanilla única que deberá rebajar la presión burocrática sobre el sector.
