«Nuestro sistema está muy preparado para garantizar el cumplimiento de la legislación pero no es ajeno a lo que viven otros países»
La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha garantizado que España «está en la primera línea de la lucha internacional contra el tráfico de órganos» porque, aunque en nuestro país todos los posibles casos se han identificado, frenado y frustrado de forma adecuada por parte del sistema «no somos ajenos a la realidad que se vive en otras partes del mundo».
Beatriz Domínguez-Gil participa este viernes en el Palacio de Justicia de La Rioja en la I Jornada Formativa ‘Vida por Vida’ sobre trasplantes y el tráfico ilegal junto al presidente del TSJR, Javier Marca, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, la consejera de Salud, María Martín, el coordinador autonómico de trasplantes de La Rioja y presidente de la Asociación ‘Vida por Vida’, Fernando Martínez Soba.
Como ha reconocido «en nuestro país no tenemos casos de tráfico de órganos». Es más «si ha habido algún intento se ha identificado perfectamente por parte del sistema y se ha frenado». Podemos decir «que se ha actuado antes de que se pudiera llevar a cabo la obtención del órgano y, además, se ha perseguido duramente este tipo de intentos».
Con ello, la doctora señala que el sistema español «está muy preparado para garantizar que todo se realiza en cumplimiento estricto de la legislación y se actúa en cuanto se identifica o se sospecha cualquier tipo de irregularidad».
«LA MEJOR VACUNA, LA PREVENCIÓN»
Así las cosas -prosigue- «España no es un país en el que preocupe como tal ese tipo de delitos, entre otras cosas porque tenemos la mejor vacuna, la prevención, porque atendemos de forma muy adecuada la necesidad de trasplante de nuestros pacientes y esto al final es el mejor modo de evitar este tipo de delitos».
«Nuestro sistema está muy bien controlado, regulado e implementado y, a pesar de que se intente engañar, por ejemplo, simulando una relación donante-receptor falsa, o simulando parentescos que no son tal y se intente burlar al sistema, tanto en España como en los países de nuestro entorno estamos bien preparados para identificar estas situaciones y frustrar estos intentos».
«Pero sabemos que hay otra realidad y, para ello, España trabaja ante este tipo de delitos liderando la mayor parte de los documentos de consenso y convenios internacionales en la materia como, por ejemplo, el Convenio sobre la Lucha contra el Tráfico de Órganos Humanos del Consejo de Europa -que tiene nombre español ‘Santiago de Compostela’- y que se abrió para firma en España en el año 2015.
Además, «hemos promovido también una resolución de Naciones Unidas contra el tráfico de órganos y en mayo llevaremos a la Asamblea Mundial de la Salud una nueva resolución en materia de trasplantes que incluye recomendaciones a los Estados miembros para luchar contra este tipo de delitos».
«Y sobre todo cooperamos con muchos países, tenemos un programa de cooperación muy importante a nivel internacional en la ONT para ayudarles a construir sus programas de trasplantes y, por lo tanto, responder a las necesidades de sus pacientes, controlar los sistemas y evitar que este tipo de delitos se perpetúen».
Como ha indicado, el tráfico ilegal de órganos se produce «en países de bajo nivel de desarrollo, en el cual o bien no existe una legislación que prohíba la compraventa de órganos o, por el contrario, sí existe pero está muy pobremente implementada, muchas veces por cuestiones de corrupción, intereses, etc».
Finalmente, y sobre el turismo de españoles a otros países para obtener un órgano, la experta explica que «ha habido casos excepcionales a lo largo de la historia pero, por ejemplo, en los últimos años no ha habido absolutamente ningún caso. En España los pacientes no se encuentran en esa situación de desesperación de tratar de buscar en el marco ilegal o en las estructuras ilegales una solución para su problema de salud».
EL PAPEL DE LOS JUECES
Por su parte, el presidente de la Asociación ‘Vida por Vida’, Fernando Martínez Soba, ha agradecido el apoyo de la Consejería de Salud y del TSJR para llevar a cabo esta jornada que es la primera de estas características que se celebra en La Rioja. Una jornada «muy importante, desde el punto de vista profesional, que tratará de reconocer también el papel que tienen los jueces no solamente a la hora de legislar, sino de garantizar el proceso de donación y trasplante».
Como dato, ha indicado, «el 10% de los trasplantes renales que se hacen en España -el que más se hace en nuestro país- son de donantes vivos y en ese proceso de donación el juez tiene un papel relevante para garantizar la voluntariedad, altruismo y garantizar la ley».
Por otro lado, «aproximadamente el 10 o el 12% de los donantes son fallecidos y, si hay una causa judicial, es el juez el que tiene que autorizar, al final, esa donación, no solo la familia».
Entonces, «siendo España el país con la mayor tasa de donación del mundo es oportuno señalar que esto es posible, lógicamente, al cumplimiento de la ley pero también gracias al apoyo de los jueces».
Como ha reconocido, el procedimiento de donación, en general, «está muy bien regulado». «Hay una ley que garantiza todo el procedimiento, desde el diagnóstico de muerte encefálica, hasta lo que es el procedimiento de extracción de órganos, la distribución de los órganos… todo está muy bien regulado, en este caso, por la legislación y la Organización Nacional de Transplantes».
Por su parte, y «cuando hablamos de casos judiciales -casos en los que ha habido una causa violenta de la muerte, un accidente de tráfico, un accidente laboral…- siempre que ocurre esto, lógicamente, hay que solicitar la autorización al juez, al margen de que la familia quiera donar porque es un procedimiento que está estudiando las causas del fallecimiento y el juez es el que tiene que garantizar que todo se hace conforme a la ley y autorizar, al final, la donación».
OBSTACULIZAR LA INSTRUCCIÓN
Finalmente, el presidente del TJSR, Javier Marca, ha explicado el proceso judicial por el que los jueces intervienen en estos procesos. «Los jueces de guardia intervienen en el proceso de donación cuando hay una causa penal, muerte violenta o sospechosa de criminalidad, según dice el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por lo tanto, es en esos casos en los cuales tienen que autorizar el trasplante en el sentido que tienen que visualizar si se obstaculiza o no la instrucción de la causa como consecuencia de ese trasplante».
«Esa es la intervención básica y fundamental que tiene el juez de guardia. Además, los jueces civiles en el caso de que haya donación en vivo tienen que garantizar que ese consentimiento de la persona donante es un consentimiento válido, es decir, libre, expreso, informado, voluntario, con todas las garantías».
Por ello, ha reafirmado, «la problemática es mínima en materia de trasplantes y la delincuencia también es muy baja. Son casos son anecdóticos, pero no por eso la legislación tiene que ser menos contundente con ellos».
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