«He pedido a los servicios jurídicos de la Conselleria de Drets Socials que estudien si nos podemos personar como acusación en la causa del Geriátrico Aragó (Barcelona)», ha anunciado este jueves el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, en una rueda de prensa. Esta semana el juez que lleva el caso ha imputado a la cúpula directiva de la residencia tras un brote descontrolado de salmonela que mató a ocho ancianos. La conselleria supo del caso con dos meses de demora y hace unos meses que ha devuelto la gestión del geriátrico a su cúpula, hoy imputada.
El equipo directivo de esta residencia está imputado por la muerte de ocho ancianos en un brote de salmonela
Campuzano, además de anunciar su voluntad de personarse en este proceso judicial, ha defendido su gestión en este centro. «Tomamos decisiones para que el centro corrigiera la situación, y ahora seguimos a la espera de ver si existen responsabilidades penales cuando la gestión no era la que correspondía», ha asegurado. La conselleria ya entonó el mea culpa sobre este caso el pasado mes de octubre en el Parlament. El secretario de Asuntos Sociales reconoció que tardaron dos meses en enterarse del drama que vivía el centro y que tuvieron que amenazar con un posible cierre para que los gestores empezaran a implementar las mejoras necesarias.
Campuzano defiende la gestión de la conselleria: «Tomamos decisiones para que el centro corrigiera la situación»
Campuzano ha sugerido que si hubiera seguido vigente el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, hubieran podido obligar a cesar a toda la cúpula directiva y cambiar el centro de manos. «No teníamos esas herramientas», ha explicado Campuzano.
El caso del geriátrico Aragó forzó un cambio en el sistema de coordinación de las inspecciones entre Salut y Drets Socials. La consellería obligó a dimitir durante unos meses a Maria Dolores Ortiz, que hoy vuelve a ser directora de la residencia y que está imputada por un delito de homicidio imprudente. También están imputados la gobernanta del geriátrico, la doctora del centro y el administrador único.
Proceso por homicidio imprudente
El juzgado abrió el proceso judicial el 13 de julio del año pasado en virtud de las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito de homicidio imprudente y su correspondiente denuncia. Para el magistrado, según esa resolución, los hechos podrían ser constitutivos de delito y acordó que se citara a declarar a los denunciados por la fiscalía en calidad de investigados, a la vez que denegó la petición de la acusación pública de clausurar el centro en ese momento, «sin perjuicio de que pueda adoptarse tal medida a lo largo del procedimiento» y de la posibilidad de que pudiera hacerlo la Administración, que también lo descartó.
La denuncia de fiscalía expone que desde finales de julio hasta septiembre de 2022, en la residencia, ubicada en la calle de Aragó de Barcelona y con capacidad para 100 personas (57 plazas públicas), se produjo un brote de salmonela que afectó a 39 residentes, de los cuales 15 fueron hospitalizados y ocho murieron. A pesar de tener la obligación de hacerlo, subraya a acusación, los ahora investigados no notificaron ninguno de los casos a la Agència de Salut Pública de Barcelona, negaron el contagio de los residentes y tampoco comunicaron la muerte de siete de los ocho fallecidos.
Obstaculizar la investigación
Al entender fiscalía, la dirección del centro solo facilitó información a la agencia después que este organismo tuviera noticia del brote por otras fuentes sanitarias. El proceso de investigación de la agencia, subraya, «fue obstaculizado y las consecuencias de brote notablemente agravadas a causa de la deliberada voluntad» del centro de «ocultar cualquier dato o cualquier nuevo caso a Salud Pública». La mencionada agencia es un organismo que gestiona servicios por encargo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
En agosto de 2022, la unidad de geriatría del Equipo de Atención Primaria (EAP) certificó la existencia del brote. El equipo de sanitarios que se personaron en el centro pudieron constatar «una importante deficiencia en la higiene y la limpieza de las salas«. A través de las sucesivas visitas realizadas por los técnicos epidemiológicos, se constató «la falta de aplicación«, según la fiscalía, de las medidas de higiene establecidas para contener la propagación de la enfermedad. De hecho, añade, a lo largo del proceso de investigación «fueron una constante» la falta de higiene, de material de desinfección y de equipamientos de protección para llevar a cabo esta tarea, «pese a las directrices facilitadas por el personal sanitario desde el primer momento».
La Agència de Salut Pública de Barcelona sostuvo en un informe que las “malas prácticas” detectadas en el geriatrico Aragó de julio a septiembre de 2022 provocaron “un riesgo muy alto para la salud para todos los residentes” del centro, lo que se “materializó” en la infección de varios de ellos por salmonela. También señaló una “falta de atención sanitaria y/o negligencia” en la asistencia a las personas que residían en el centro.
