El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó una línea de avales de 2.500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar el acceso a la compra de vivienda en España a jóvenes y familias con menores a cargo. Estos fondos serán aprovechados por potenciales compradores de vivienda que no disponen del ahorro necesario para la adquisición, a pesar de ser solventes y tener ingresos estables.
El Ejecutivo ha fijado un límite en el sueldo de los beneficiarios, 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). A pesar de que no incluye una limitación al precio máximo de la vivienda, este está intrínseco al topar la renta máxima que puede percibir. Este tope podrá ampliarse hasta los 75.600 euros si los que compran son dos personas, cuantía que subirá en 2.520 euros por cada hijo a cargo, siempre que el beneficiario no disponga de un
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El limitado alcance de la medida está en trabajadores que decidan afrontar la compra de su primera casa siendo solteros. Un profesional que cobre 37.800 euros brutos, percibe de media 2.388 euros netos al mes repartidos en doce pagas. Siguiendo los requisitos de los bancos, únicamente podrá destinar el 30% de su renta a pagar la hipoteca para que la entidad se la conceda. Esto supone una cuota mensual del crédito de 716 euros, que repercutirá directamente en el precio máximo de la casa que podrá comprar. Teniendo en cuenta todo esto, el máximo préstamo que una entidad otorgará será para adquirir una vivienda será de 159.539 euros.
Alcance de la medida
Este importe máximo pone en jaque la verdadera utilidad de la medida en determinadas ubicaciones, especialmente en aquellas donde el precio de la vivienda es alto y podría ser considerado zona tensionada, según los criterios de la Ley de Vivienda, como las principales ciudades del país o los archipiélagos. Teniendo en cuentas los últimos precios medios oficiales publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, correspondientes al tercer trimestre de 2023, 6,08 millones de habitantes, casi el 13% de la población española, viven en municipios donde el precio de un piso medio de 50 metros cuadrados, con una habitación, vale más de los antes mencionados 160.000 euros.
Las 16 localidades donde el precio medio de mercado de 50 metros cuadrados, según Vivienda y Agenda Urbana, supera los 160.000 euros son Madrid (187.890 €), Barcelona (182.275 €), San Sebastián (211.130 €), Calvià (209.240 €), Eivissa (216.635 €), Santa Eulalia del Río (239.155 €), Castelldefels (175.585 €), Sant Cugat del Vallès (201.385 €), Sitges (198.800 €), Alcobendas (175.565 €), Boadilla del Monte (164.430 €), Majadahonda (187.885 €), Pozuelo de Alarcón (194.065 €), Las Rozas (165.000 €), Tres Cantos (162.450 €) y Getxo (167.190 €).
Por el contrario, esta medida sí tendrá mucho alcance, incluso permitiendo a futuros propietarios adquirir una vivienda de un tamaño superior a 50 metros cuadrados, en algunas de las principales capitales de provincia. Entre ellas, destacan la mayor parte de las ciudades andaluzas, a excepción de Málaga y Marbella, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La-Mancha, algunos municipios de Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura o Murcia. A grandes rasgos podrán beneficiarse todas las localidades con precios por debajo de 2.000 euros por metro cuadrado, en su mayoría, no debería ser el apalancamiento máximo un límite para utilizar los avales aprobados por el Ejecutivo.
CaixaBank ha dado pistas sobre el funcionamiento de esta medida en algunas comunidades donde está ya en marcha, en las que la entidad está adherida a los avales. Según detalló Daniel Caballero, director de Negocio Inmobiliario y Promotor del banco, en unas jornadas la semana pasada, están financiando a través del ‘Help to Buy’ (ayuda a la compra) en Andalucía, Baleares y Comunidad de Madrid. CaixaBank ha superado ya las 600 operaciones, con un precio medio de las viviendas compradas que oscila desde los 109.000 euros de Andalucía hasta los 156.000 euros de Baleares.
Apoyo casi unánime de la medida
Los avales a la compra de viviendas por parte de jóvenes y familias con menores a cargo cuentan con el apoyo de prácticamente todo el sector público y privado. En el ámbito político, el PSOE y el Partido Popular están a favor de la medida. También, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, está a favor y ha pedido está financiación en reiteradas ocasiones, al igual que economistas como Gonzalo Bernardos, que también solicitaron líneas de este tipo. Por el momento, solo se han mostrado en contra Sumar, partido que forma parte del Gobierno que las ha sacado adelante, y Podemos, que ha sugerido que el Ejecutivo cumple los deseos de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, que en una entrevista a ‘El País’ en 2020 pidió traer estas ayudas a España.