La patronal analizará las consecuencias de la Ley de Vivienda. Así lo han confirmado Juan Antonio Gómez-Pintado y Beatriz Toribio, presidente y directora general, respectivamente, de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). «Vamos a crear un observatorio del alquiler para hacer seguimiento a la Ley de Vivienda: analizaremos las consecuencias de las zonas tensionadas en aquellas comunidades autónomas donde se pongan en marcha», ha señalado Gómez-Pintado, durante una reunión con medios para explicar la hoja de ruta de la asociación en los próximos meses.
Este observatorio se ejecutará dentro de la Comisión Vivienda y Urbanismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de la que Juan Antonio Gómez-Pintado es presidente. «Va a ser un observatorio riguroso y basado en datos, no en opiniones. No solo vamos a analizar el comportamiento de los precios a nivel nacional, sino también la evolución de la oferta, que es la que acaba condicionando», ha explicado Beatriz Toribio durante la reunión.
No es la primera vez que desde la APCE se impulsa un estudio para medir las consecuencias de las regulaciones en el mercado residencial. Tal y como ha confirmado su presidente, ya se realizó tras la aprobación de la ley de vivienda catalana. Después de recabar información, certificaron que se habían retirado el 30% de los pisos en el mercado del alquiler en la región.
Según la directora general, la intención es utilizar fuentes de datos públicas y privadas. «Estamos viendo de qué manera organizarlo para que tenga mucho rigor científico. Siempre que hablamos de alquiler, hablamos de precios, pero hay que tener en cuenta otros parámetros. No queremos avanzar mucho porque estamos dando los primeros pasos», añadió.
También, durante el encuentro, los portavoces de la patronal que aglutina a los principales promotores y constructores de vivienda se posicionaron en contra de la regulación aprobada en mayo por el Congreso de los Diputados: «Va a tener un resultado diferente a lo que se propone». Sin embargo, confirman que el estudio sobre el recorrido de la norma se realizará atendiendo al rigor científico, más allá de la opinión del Gobierno, con el que aseguran tener muy buena sintonía, que se plasmó en un encuentro entre Gómez-Pintado y la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hace solos unos días.
Ley de Suelo, IVA y financiación
La APCE ha puesto deberes a las diferentes administraciones para mejorar la accesibilidad a la vivienda, especialmente de los colectivos más jóvenes, que supone «el problema más importante como sociedad». La primera medida que han solicitado es la aprobación de la Ley de Suelo, que tal y como adelantó hace unas semanas El Periódico de España y Activos, el vertical económico de Prensa Ibérica, el Ejecutivo ya trabaja en su aprobación en el Consejo de Ministros. El texto que no sufrirá grandes cambios de la modificación redactada en la pasada legislatura por la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entonces liderada por Isabel Pardo de Vera. El fin principal de esta norma es evitar que decaigan planeamientos urbanísticos por defectos de forma.
Otra de las medidas que solicitan es la homogeneización del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la vivienda protegida. Mientras la VPO tiene un IVA del 4%, el resto de los inmuebles con otro tipo de protecciones se gravan a un tipo impositivo superior, del 10%. La APCE prepara ya un informe sobre el impacto que tiene la carga impositiva sobre la producción de inmuebles a precios reducidos.
La patronal ha valorado positivamente la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de la línea de fondos del ICO para financiar la promoción de vivienda que se destine al alquiler asequible y la de avales para la adquisición de viviendas por parte de jóvenes y familias. «Es una buena noticia que haya esa cantidad de dinero«, señaló Gómez-Pintado. A mayores, el presidente de la APCE exigió a las diferentes administraciones que tengan en cuenta sus exigencias a la hora de redactar los pliegos para la promoción de estas inmuebles con precios de arrendamiento por debajo de mercado para evitar que queden desiertos, como ya ocurrió en Andalucía.
